Una de las principales novedades es la obligatoriedad de realizar auditorías externas, cuyos responsables deberán estar registrados previamente ante la Superintendencia.
“Este año es de regulación y el año que viene será de implementación”, explicó Figueredo. Añadió que ya se elaboraron reglamentaciones sobre subastas y se crearon registros para actuarios, auditores internos y tasadores que trabajarán con las cajas.
La Superintendencia también dio un paso firme en su rol fiscalizador al rechazar el plan de adecuación presentado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPM) y urgir a la entidad a convocar elecciones para renovar sus autoridades.
La medida busca poner orden en una de las cajas previsionales más complejas y golpeadas por la crisis financiera.
Figueredo subrayó que el objetivo principal es ordenar el sistema previsional para garantizar la transparencia y la sostenibilidad.
“Nuestro objetivo es que todas las entidades cumplan con las mismas disposiciones y que la información sea uniforme. Eso permitirá una supervisión adecuada y transparente”, afirmó.
La Superintendencia trabaja, además, en reglamentos sobre gobierno corporativo, venta e inversión de inmuebles y sumarios administrativos.
Figueredo añadió que, hace aproximadamente diez días, solicitó a la comisión de la Caja Municipal que elaborara nuevamente su plan de adecuación, tras considerar que el documento presentado no cumplía con los requisitos exigidos.
La superintendenta calificó a esta entidad como una de las más difíciles de supervisar, debido a sus problemas económicos estructurales y a las múltiples judicializaciones que la involucran.
La crisis de la Caja Municipal se arrastra desde hace aproximadamente dos años y registró un agravamiento significativo en 2025, cuando se acumularon hasta cinco meses de atraso en los pagos a los jubilados.
La Asociación Paraguaya de Jubilados y Pensionados Municipales calificó la situación de “grave e inaceptable” y denunció que el sistema de pagos parciales genera incertidumbre y angustia entre miles de adultos mayores que dependen exclusivamente de esos ingresos.
Con estas medidas, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones busca sentar las bases de un control efectivo sobre entidades que históricamente carecieron de supervisión.
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