“El ciclo económico de los dos últimos años no fue el más favorable, especialmente por la pandemia de COVID-19 y las consecuentes pero razonables medidas administrativo/sanitarias tomadas por el Gobierno Nacional con el fin de proteger la salud de la población”, reza el pedido del sector empresarial remitido al viceministro de la SET, Óscar Orué en la tarde de ayer.
Según los firmantes, la caída en el consumo incidió negativamente en la operatividad de las empresas y en la generación de empleos en pleno proceso de implementación de la reforma tributaria. Además, denunciaron que la Ley de Reforma Tributaria no tuvo la completa conformidad de los suscritos al proyecto, al igual que sus reglamentaciones, que no tuvieron la socialización requerida.
En síntesis, los 30 gremios adheridos al pedido sentenciaron que la actual ley “desalienta la formalización de las actividades, el consumo, la inversión y podría estar generando o generar a corto plazo una involución en el proceso de formalización de la economía nacional”.
Los principales puntos
Impuesto a la Renta Empresarial (IRE)
El cuestionamiento que realizan al IRE es que uno de los principales objetivos de la reforma tributaria fue la formalización en todos los sectores económicos, por lo que la no deducibilidad de las compras realizadas a los contribuyentes del Resimple es inapropiada, ya que argumentan que las compras a dichas microempresas coadyuvarán a que crezcan económicamente. “La deducibilidad de las compras ayudará a que se inserten en un círculo económico mayor y le dará la oportunidad de crecer, de lo contrario los condenamos a ser chicos”, según el documento.
Además, solicitan la revisión de la reglamentación de las normas de valoración (precios de transferencia), puesto que no se ajustan a la realidad del negocio agroexportador y podrían afectar a las empresas maquiladoras, cuando taxativamente en la ley se aclara que estas no están sujetas a los precios de transferencias.
Impuesto a la Distribución de Utilidades (IDU)
En este punto resaltan que el incumplimiento de la norma configura una falta de índole formal de las obligaciones tributarias de los agentes de retención del IDU. Sin embargo, en la reglamentación se contradice lo estipulado por la ley, por lo cual catalogan de “inconstitucional”.
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Con respecto a este tributo piden analizar el porcentaje de utilización del crédito fiscal por adquisición de vehículos por parte de personas físicas prestadoras de servicios en forma independiente y las exoneraciones incluidas para los productos artesanales.
Impuesto a la Renta Personal (IRP)
En el IRP no consideran que haya vicios constitucionales, pero desde el punto de vista económico podría considerarse perjudicial ya que de alguna forma desalienta el consumo, el ahorro y la inversión, limitando en exceso la deducibilidad de gastos.
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