“El desalojo es uno de los procesos que mayor impacto tiene en los índices de seguridad como país”, explicó el jurista. Para quien invierte en departamentos, casas o locales comerciales para alquiler, la previsibilidad del sistema judicial es esencial “La persona que invierte quiere saber que va a tener retorno. Si no cobra durante años, la inversión deja de ser rentable”.
¿Cómo funciona hoy el desalojo en Paraguay?
Actualmente, el sistema procesal paraguayo prevé el juicio de desalojo dentro de un procedimiento denominado “sumario”, que en teoría debería ser más rápido. Sin embargo, en la práctica no lo es.
“El procedimiento no es corto ni barato”, advirtió Melgarejo. El problema radica en que la legislación vigente arrastra una concepción antigua, inspirada en modelos europeos de mediados del siglo XX, que no responde a la realidad actual del negocio inmobiliario.
Hoy el proceso es único tanto para quien tiene contrato formal de alquiler como para quien ocupa el inmueble sin contrato. Allí aparece la figura del llamado “ocupante precario”.
¿Y qué es un ocupante precario?
El término genera confusión. En el lenguaje común podría asociarse a una persona en situación vulnerable o a una vivienda informal. Pero jurídicamente significa otra cosa.
“Precario es quien ingresó con autorización, pero sin documento formal”, explicó el doctor. Por ejemplo, alguien que ocupa un inmueble con permiso del propietario, pero sin contrato escrito.
El problema es que el Código Civil paraguayo no define expresamente qué es un ocupante precario. El concepto debe construirse interpretando normas sobre posesión, lo que genera inseguridad jurídica.
Esa falta de definición, sumada al hecho de que el mismo procedimiento se aplica tanto a quien tiene contrato como a quien no lo tiene, provoca demoras y dilaciones en el sistema jurídico nacional.
¿Cuánto puede durar un desalojo?
En un caso con contrato formal, un juicio podría resolverse en primera instancia en aproximadamente seis meses. Si se apela, el proceso puede extenderse entre seis meses y un año más.
Pero allí no termina necesariamente. El caso puede escalar hasta instancias superiores, lo que puede llevar a que el propietario enfrente años sin percibir renta.
“Imagínese que una persona invierte US$ 150.000 o US$ 200.000 en departamentos pensando en ganar US$ 1.000 al mes, y el inquilino se queda tres años sin pagar. La norma hoy no protege adecuadamente esa inversión”, señala.
El proyecto de reforma
Ante este escenario, Melgarejo trabaja en un proyecto de ley que propone diferenciar claramente los procesos.
La idea central es establecer un procedimiento más ágil cuando exista contrato certificado por escribanía. En ese caso, el propietario podría iniciar el juicio y el demandado sería citado a presentar el último comprobante de pago.
Si no acredita el pago, se lo declararía en mora y el juez ordenaría directamente el desalojo.
“El pago se prueba con recibo, factura o depósito. Si no pagó, se encuentra en mora y se ordena el desalojo”, resume.
Un modelo similar fue incorporado recientemente al Código Procesal Civil de Neuquén (Argentina), cuya reforma fue promulgada en diciembre pasado y entrará en vigencia en agosto de 2026. El jurista busca ahora impulsar una propuesta a nivel nacional en Paraguay.
Seguridad jurídica y clima de inversión
Para Melgarejo, el problema no es solamente procesal, sino estructural. El derecho debe adaptarse a la dinámica económica. “Si no actualizamos el sistema, la inversión inmobiliaria pierde atractivo”, advierte.
Actualmente el país busca atraer más capital en el sector inmobiliario, la eficiencia en los desalojos se convierte en una variable estratégica. Pues, no se trata de desalojar indiscriminadamente, sino de generar reglas concretas, previsibles y equilibradas.
Porque, como concluye el jurista, “la seguridad jurídica no es solo un concepto académico: es un factor clave para que alguien decida invertir su dinero en el país”.
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