“La previsibilidad no se construye solo con anuncios”: Empresariado pide señales concretas al Gobierno

La crisis de Banco Ueno volvió a poner en debate una discusión que trasciende al sistema financiero: la confianza en las instituciones y las condiciones necesarias para sostener la actividad económica. En ese contexto, representantes de gremios empresariales, cámaras y organizaciones de la sociedad civil elevaron un pronunciamiento al presidente de la República, Pedro Alliana, en el que reclaman decisiones concretas para corregir problemas estructurales y fortalecer el entorno de negocios.

El documento, fechado el 10 de noviembre, plantea una agenda de responsabilidad fiscal, transparencia, controles institucionales y recuperación de la confianza. Entre sus principales pedidos figura la reformulación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, con ingresos realistas, gastos financiables y cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Para Paula Carro, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), la confianza es un elemento fundamental para el funcionamiento de la economía, aunque considera importante dimensionar correctamente el alcance de lo acontecido con la entidad financiera.

“La confianza es una condición práctica para que la economía funcione. Cuando se produce una crisis de esta naturaleza, es razonable que algunas empresas adopten una posición más cautelosa”, señaló.

No obstante, Carro remarcó que el procedimiento de resolución de Banco Ueno no debe interpretarse como una crisis generalizada del sistema financiero. En ese sentido, sostuvo que el proceso iniciado por el Banco Central del Paraguay (BCP) busca atender la situación de una entidad en particular y proteger a los depositantes.

También consideró que la certeza sobre lo ocurrido, la protección de los ahorristas y la determinación de las responsabilidades correspondientes serán fundamentales para mitigar las consecuencias de esta situación.

Un presupuesto creíble y disciplina en el gasto público
Uno de los principales reclamos del sector empresarial apunta a la reformulación del PGN 2027. Los gremios consideran que el proyecto debe contemplar un escenario económico distinto y responder a las necesidades actuales del país.

El documento propone reducir el gasto corriente improductivo, revisar contrataciones, bonificaciones, viáticos y otros conceptos, además de priorizar recursos para salud, seguridad y educación.

Desde la CNCSP, Carro considera que la primera señal debe partir de un presupuesto construido sobre bases realistas y prioridades claramente definidas.

“La primera señal debe ser un presupuesto creíble, con ingresos realistas, prioridades explícitas y gastos compatibles con la capacidad financiera del Estado y con el escenario actual”, afirmó.

La ejecutiva también puso el foco en la ejecución presupuestaria y en la necesidad de transparentar los compromisos asumidos por el Estado, especialmente para evitar que las obligaciones pendientes terminen afectando al sector privado.

En ese sentido, dejó una definición que resume parte del reclamo empresarial: “La previsibilidad no se construye solo con anuncios: se demuestra cuando el Gobierno cumple sus compromisos, aplica las reglas de manera consistente y publica información que permita evaluar sus decisiones”.

La informalidad y los costos de operar formalmente
Otro de los puntos que atraviesan la agenda empresarial es la necesidad de mejorar las condiciones de competitividad. El pronunciamiento incluye propuestas para fortalecer la formalización y aumentar los controles contra el contrabando, con el objetivo de proteger la inversión nacional.

Carro identificó la informalidad como uno de los principales factores que generan distorsiones en el mercado y afectan especialmente a las empresas que cumplen con sus obligaciones.

“Las empresas formales asumen obligaciones tributarias, laborales y administrativas que muchas actividades informales no cumplen. Eso eleva sus costos y puede dejar en desventaja a quienes invierten, cumplen y generan empleo formal”, explicó.

Sin embargo, consideró que la solución no debe limitarse a intensificar los controles. También es necesario facilitar el ingreso y la permanencia de las empresas en la economía formal.

La propuesta, según indicó, debe combinar una fiscalización más efectiva con trámites simplificados, reglas claras y costos razonables, especialmente para las mipymes.

Comercio y servicios: oportunidades para 2027
Pese a los desafíos actuales, Carro identificó oportunidades de expansión para el comercio y los servicios paraguayos durante 2027.

Entre los sectores con potencial mencionó la modernización del comercio, los servicios digitales y empresariales, la exportación de servicios basados en talento paraguayo y las actividades logísticas vinculadas con la integración regional.

También destacó las oportunidades que podría generar la implementación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, particularmente para las empresas interesadas en acceder a nuevos mercados.

“Para convertir ese potencial en inversiones y empleo formal hacen falta previsibilidad, conectividad, talento capacitado, acceso al financiamiento y reglas claras”, sostuvo.

En esa línea, destacó el trabajo del Centro de Facilitación de Inversiones de la CNCSP, que busca conectar a potenciales inversores con empresas e instituciones del país.

La iniciativa apunta a facilitar información sobre las oportunidades disponibles, las fortalezas del mercado paraguayo y los aspectos que todavía deben mejorar para atraer capital.

Una agenda que exige compromisos de ambas partes
El pronunciamiento empresarial no se limita a plantear exigencias al Gobierno. Los firmantes también manifiestan su disposición a participar activamente en la recuperación económica, poniendo a disposición sus equipos técnicos para colaborar en la revisión presupuestaria y en las medidas necesarias para restablecer la confianza.

Entre los compromisos anunciados figuran impulsar inversiones productivas en sectores estratégicos, fortalecer los estándares de transparencia y gobierno corporativo, y ejercer veeduría ciudadana sobre el uso de los recursos públicos y las compras estatales.

La agenda combina así una demanda de mayor responsabilidad en la gestión pública con un compromiso de participación empresarial. El desafío será convertir esos planteamientos en decisiones verificables que permitan sostener la confianza, mejorar las condiciones para hacer negocios y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo de cara a 2027.

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