Ese es el punto en el que coinciden tanto la Corte Suprema de Justicia como el juez penal de garantías especializado en delitos económicos y corrupción, Matías Garcete: la inteligencia artificial puede asistir, pero la decisión final y la fundamentación de una resolución siguen siendo una responsabilidad exclusivamente humana.
En abril, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó una política para regular el uso de inteligencia artificial dentro del Poder Judicial. En ese momento, InfoNegocios conversó con el presidente de la CSJ, Alberto Martínez Simón, quien explicó que estas herramientas pueden convertirse en aliadas para la búsqueda de jurisprudencia, doctrina, antecedentes y organización de información, contribuyendo incluso a acelerar la resolución de los procesos y fortalecer la previsibilidad de las decisiones judiciales.
La premisa, sin embargo, siempre fue que la inteligencia artificial no puede sustituir el análisis propio del magistrado.
Garcete comparte esa visión y sostiene que cualquier debate sobre el uso de IA en la Justicia debe comenzar por un aspecto previo a la tecnología: las garantías procesales.
A su criterio, la incorporación de estas herramientas tiene limitaciones y solo es posible si respeta principios que forman parte de la estructura misma del sistema judicial, como la defensa en juicio, el debido proceso, la inmediación y la obligación de motivar las decisiones.
Por eso considera que el verdadero desafío no es determinar cuánto puede hacer la inteligencia artificial, sino establecer con precisión qué funciones deben seguir siendo exclusivas del juez.
Por ello, la IA es, sin duda, una herramienta capaz de simplificar tareas operativas que hoy consumen gran parte del tiempo de magistrados y funcionarios. La búsqueda de precedentes, el acceso a doctrina especializada, la localización de jurisprudencia aplicable o la organización de grandes volúmenes de información son algunos ejemplos en los que la tecnología podría aportar velocidad y eficiencia.
Para Garcete, ese uso resulta compatible con el proceso judicial porque actúa como un apoyo para el trabajo humano y no como un reemplazo.
“Va a ser una herramienta para acudir a textos jurídicos o jurisprudencia que tengamos dentro del sistema jurídico”, explicó.
El magistrado entiende que, bien utilizada, la inteligencia artificial podría convertirse en un recurso valioso para mejorar la gestión judicial y contribuir a reducir los tiempos de tramitación de las causas. Incluso menciona aplicaciones prácticas que van más allá de la redacción de documentos, como sistemas de alerta capaces de advertir sobre plazos procesales relevantes, causas próximas a prescribir o expedientes que requieren atención prioritaria.
En otras palabras, la IA podría ayudar a ordenar el trabajo de los tribunales sin intervenir en aquello que constituye la esencia de la función jurisdiccional.
Y es precisamente allí donde Garcete marca el límite.
El juez sostiene que la valoración de las pruebas, la construcción del razonamiento jurídico y la fundamentación de una resolución no pueden ser delegadas a una herramienta tecnológica, por más sofisticada que sea.
“El juzgador no le puede pedir a la IA que le realice su voto”, afirmó.
La razón, explica, no responde únicamente a una cuestión ética, sino también constitucional. Las normas que regulan la función judicial exigen que las decisiones estén debidamente fundamentadas y que esa fundamentación sea el resultado del análisis personal de quien tiene a su cargo el caso.
“La Constitución les dice a los jueces que deben fundar sus decisiones. Esa fundamentación debe ser producto del intelecto humano, no de la IA”, remarcó.
Según Garcete, existe además otro elemento que ninguna tecnología puede replicar completamente: la inmediación. Es decir, la relación directa del juez con las pruebas, los argumentos y las circunstancias particulares de cada proceso.
Desde su perspectiva, un algoritmo puede colaborar en la búsqueda de información, pero no sustituir la percepción, el criterio ni la responsabilidad que implica resolver un conflicto sometido a decisión judicial.
Por eso insiste en que la inteligencia artificial no puede reemplazar el debate procesal ni asumir funciones que corresponden exclusivamente al magistrado.
La clave, sostiene, está en entenderla como una herramienta de apoyo y no como un actor decisorio.
En ese sentido, la visión de Garcete coincide con la postura expresada por Martínez Simón cuando la Corte aprobó la política de uso de IA: aprovechar el potencial de la tecnología para ganar eficiencia, rapidez y organización, sin perder de vista que la decisión judicial sigue siendo un acto humano.
El avance tecnológico ya llegó a los tribunales y probablemente seguirá ganando espacio en los próximos años. Pero, al menos por ahora, tanto la Corte como los jueces tienen claro dónde termina la función de la inteligencia artificial y dónde comienza una tarea que continúa siendo indelegable: la acción de juzgar.
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