La iniciativa tiene como objetivo dar respuesta a las nuevas necesidades del sector asegurador mediante una normativa con mayor previsibilidad y adaptada al contexto actual, marcado por cambios tecnológicos, operativos y regulatorios. Desde el BCP, técnicos de la institución detallaron a InfoNegocios los principales cambios introducidos en la propuesta.
El proyecto constituye una modernización integral del marco regulatorio vigente. Entre los principales aspectos se encuentran la implementación de un esquema de supervisión basada en riesgos, el fortalecimiento del gobierno corporativo, la incorporación de disposiciones específicas relativas a la gestión integral de riesgos, normas de conducta de mercado, mecanismos de protección al consumidor, la utilización de medios electrónicos y nuevas tecnologías para el desarrollo de la actividad aseguradora y reaseguradora, el fortalecimiento de las facultades de supervisión de la Superintendencia de Seguros y mecanismos de salida ordenada del mercado.
¿En qué consiste la supervisión basada en riesgos?
La Supervisión Basada en Riesgos (SBR) es un esquema mediante el cual tanto el supervisor como las entidades supervisadas concentran sus esfuerzos en los riesgos que enfrentan las aseguradoras y en su capacidad para gestionarlos.
“En la práctica, esto significa para las aseguradoras un cambio hacia una gestión más integral, proactiva y alineada a su perfil de riesgo, promoviendo mayor solidez y estabilidad del sector asegurador en general”, expresaron desde el BCP.
El objetivo es que las aseguradoras puedan prever posibles situaciones adversas que pudieran afectar el desarrollo del negocio, fortalecer la solvencia de las entidades y contribuir a la estabilidad del mercado.
Estos cambios, según explicaron, permitirían alinear a Paraguay con estándares internacionales.
“La alineación con los Principios Básicos de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) se refuerza mediante la incorporación de un enfoque de supervisión basada en riesgos, que permite una evaluación más integral y prospectiva de la solvencia de las aseguradoras”, indicaron.
Asimismo, sostuvieron que la incorporación de los principios de Solvencia II fortalece la estabilidad del sistema asegurador y promueve una gestión más eficiente y prudente, acorde con las exigencias de los mercados internacionales.
Derechos del consumidor
Uno de los aspectos destacados por el presidente Santiago Peña es que esta nueva legislación busca modernizar y brindar reglas claras para todas las actividades de las aseguradoras, poniendo énfasis en la protección de los derechos del consumidor.
Sobre este punto, los técnicos expresaron que la reforma legal establece disposiciones y pautas específicas para la protección de los derechos de los asegurados, mediante el fortalecimiento de la transparencia informativa, reglas claras de conducta de mercado y la adopción de mecanismos de gestión y resolución de consultas, quejas y reclamos del consumidor, con el objetivo de brindar mayor confianza, seguridad y certeza a todos los ciudadanos que contratan una póliza de seguros.
“La reforma mejora la transparencia porque exige que la relación entre aseguradoras, intermediarios y asegurados sea más clara, profesional y responsable. El asegurado debe saber qué está contratando, qué cubre la póliza, qué no cubre, cómo reclamar y cuáles son sus derechos”, expresaron.
Además, se fortalecen las obligaciones de información de las aseguradoras, la capacitación e idoneidad de los intermediarios y la divulgación sobre la situación financiera y de solvencia de las compañías.
“Todo esto permite que el consumidor tome decisiones mejor informadas y reciba un trato más justo”, añadieron.
La postura de la APCS
Sin embargo, desde la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros manifestaron su preocupación ante el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso. A través de un comunicado, la entidad cuestionó el contenido y la fundamentación de la propuesta, señalando dudas respecto a su legitimidad técnica, coherencia normativa y capacidad real de responder a las necesidades del sector.
La APCS consideró grave que la fundamentación oficial presente la iniciativa como resultado de un trabajo conjunto y del acuerdo de todos los actores del mercado asegurador. Según la entidad, esa afirmación no se corresponde con lo ocurrido durante el proceso de elaboración.
Si bien reconocieron que hubo avances técnicos y una voluntad constructiva para alcanzar un texto sólido y razonablemente consensuado, señalaron que varios puntos discutidos y acordados fueron posteriormente modificados sin sustento suficiente.
Para la asociación, esos cambios desnaturalizan el proceso y reinstalan retrocesos, sobrerregulaciones y enfoques que ya habían sido superados en modelos normativos discutidos a nivel internacional. Advirtieron que el proyecto contradice el objetivo de modernización que se pretende invocar.
“En esas condiciones, este proyecto no puede ser presentado como la reforma que el mercado asegurador necesita. Lejos de constituir un avance, representa un serio retroceso y un duro golpe para la confianza de los actores que participaron de buena fe en este proceso, aportando tiempo, conocimiento y compromiso con una reforma verdaderamente positiva”, expresó la APCS en su comunicado.
El gremio también alertó que la iniciativa podría comprometer nuevamente la posibilidad de impulsar, después de años de postergación, el desarrollo de la cultura del seguro y la expansión sostenida del mercado asegurador.
Por ese motivo, la asociación exhortó a que el proyecto sea revisado con seriedad, transparencia y responsabilidad. Además, reiteró su disposición a participar en un diálogo técnico genuino, aunque advirtió que el país no debería avanzar sobre la base de consensos que, a criterio del gremio, son inexistentes o están construidos sobre premisas inexactas.
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