El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, había anticipado días atrás que el Ejecutivo trabaja en una metodología de actualización automática de tarifas para las empresas públicas, entre ellas la ANDE, con el fin de garantizar sostenibilidad financiera.
En esa misma línea, el presidente del Consejo de Administración de la ANDE, Félix Sosa, explicó que la tarifa actual no responde a criterios técnicos, sino “políticos”, lo que limita la capacidad de inversión del ente. “Históricamente tuvimos una tarifa política. Si queremos garantizar el suministro y mejorar el servicio, debemos actualizarla, pero siempre cuidando a los sectores trabajadores y de bajos ingresos”, aseguró.
Sosa detalló que la primera etapa de una eventual actualización afectaría a los grandes consumidores, mientras que una fórmula automática posterior podría alcanzar a todos los segmentos, aunque aclaró que Paraguay seguirá teniendo la tarifa más baja de la región, hasta un 25% inferior a la de Uruguay.
Las tarifas que circularon no son reales
La difusión en medios de comunicación de un cuadro con supuestos aumentos generó inquietud entre usuarios y empresarios. Sin embargo, desde la ANDE aclararon que esas tarifas no corresponden a ninguna propuesta oficial.
El director de Planificación y Estudios del ente, Francisco Escudero, explicó para InfoNegocios que “el documento publicado fue solo una simulación técnica, uno de los muchos escenarios internos evaluados durante el estudio tarifario”. Agregó que “no existe ningún plan que contemple subas del 200% ni nada similar. Fue un ejercicio de modelado económico, no una propuesta aprobada”.
Escudero enfatizó que la ANDE trabaja en coordinación con el Ministerio de Economía y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dentro de un proyecto que busca establecer métodos transparentes y públicos para la determinación tarifaria, en cumplimiento de un compromiso asumido por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Postergación hasta abril de 2026
Aunque la revisión estaba prevista para este año, tras la difusión de estas “simulaciones” el Gobierno finalmente decidió posponer el proceso para abril de 2026. La medida responde a la necesidad de ajustar los modelos de costos y definir un esquema que minimice el impacto social y económico.
“La prioridad es proteger al sector productivo y a los usuarios de menores ingresos. Vamos a seguir actualizando los estudios, pero sin aplicar cambios este año”, confirmó Escudero.
La postergación le da margen al Ejecutivo para afinar la fórmula de actualización y analizar un posible sistema de subsidio cruzado, en el que los usuarios de alto consumo aporten una parte mayor para compensar a los sectores residenciales y comerciales más sensibles.
Impacto potencial en el sector empresarial
Aunque todavía no hay cifras concretas, una eventual variación en las tarifas eléctricas podría repercutir directamente en los costos operativos del empresariado, especialmente en los sectores industrial, logístico y de servicios.
Paraguay se caracteriza por tener uno de los costos energéticos más competitivos de Sudamérica, una ventaja clave para atraer inversiones y sostener procesos productivos intensivos en energía. Cualquier modificación —por mínima que sea— obligará a las empresas a revisar sus estructuras de costos, ajustar presupuestos y evaluar alternativas de eficiencia energética o generación propia (como paneles solares o cogeneración).
“Lo que se busca es que el reajuste sea gradual y que no afecte al sector productivo, que es el motor de la economía nacional”, sostuvo Escudero, al tiempo de destacar que los escenarios analizados apuntan a un equilibrio entre sostenibilidad empresarial y recuperación financiera del ente.
En caso de aplicarse el nuevo esquema en 2026, las industrias deberán considerar la energía como un insumo estratégico y no como un costo estático, integrando su gestión energética dentro de la planificación de inversiones.
El contexto energético detrás del debate
Hay que tener en cuenta que esta revisión tarifaria se da en un contexto de transformación del sistema energético paraguayo, que hoy combina proyectos de expansión hidroeléctrica, instalación de plantas solares, desarrollo de gasoductos y ampliación de la red de transmisión.
Tal como lo mencionábamos en publicaciones anteriores, nuestro país se encuentra impulsando una modernización que busca anticipar la creciente demanda industrial. Esa transición exige inversiones sostenidas —la ANDE invierte unos US$ 600 millones anuales— y una estructura tarifaria que permita acompañar ese crecimiento sin comprometer la calidad del servicio.
El desafío está planteado: mantener tarifas competitivas, pero sostenibles, garantizando la energía que el país necesita para seguir creciendo.
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