La iniciativa plantea crear una Comisión Bicameral que investigue las operaciones de la entidad bancaria y acompañe el proceso de recuperación de los fondos. El objetivo central será dar seguimiento a la recuperación del dinero comprometido.
La situación crítica de ueno bank abre una nueva etapa de discusión en el Congreso, esta vez con el foco puesto en conocer el destino de los recursos públicos y privados comprometidos y establecer qué medidas pueden contribuir a su recuperación. Para ello, legisladores impulsan la creación de una Comisión Bicameral de Investigación que tendrá participación de ambas cámaras y trabajará en paralelo a las investigaciones judiciales.
El proyecto presentado por el diputado Carlos Núñez Salinas propone conformar una comisión especial integrada por cinco diputados y cinco senadores. Luego del proceso de juicio político, queda una tarea que requiere coordinación entre los distintos poderes del Estado: recuperar los fondos comprometidos. “Esas personas no solamente van a renunciar a sus cargos, sino también van a tener que responder ante la Justicia”, afirmó. Núñez sostuvo que la experiencia de crisis financieras anteriores demostró que estos procesos pueden extenderse durante años si no existe un seguimiento permanente.
“Los fondos no se van a recuperar si no se hace un trabajo coordinado entre todos los poderes del Estado”, sostuvo. Asimismo, explicó que el Poder Judicial tiene a su cargo el proceso de investigación; el Ejecutivo debe utilizar las herramientas disponibles para atender la situación y el Parlamento debe ejercer sus funciones de legislación y control.
Qué se busca investigar
El proyecto plantea revisar las operaciones crediticias realizadas por ueno bank con empresas vinculadas a su grupo económico, entre ellas préstamos, sobregiros y adquisición de carteras de crédito. También contempla analizar las decisiones de colocación de fondos de organismos y entidades del Estado, del IPS y de otras instituciones públicas.
Otro punto será examinar la actuación del Banco Central del Paraguay y de los organismos de supervisión, así como el trabajo de auditores externos, calificadoras de riesgo y casas de bolsa relacionadas con la entidad.
Los documentos también prestan atención a la situación de los ahorristas, inversionistas y acreedores afectados, además de los activos disponibles para la restitución de sus recursos. Entre las facultades previstas para la comisión figuran la convocatoria de funcionarios y exfuncionarios, directivos, accionistas, auditores y particulares; la solicitud de auditorías especiales a la Contraloría General de la República y la contratación de una auditoría forense independiente.
Asimismo, se propone habilitar un registro de ahorristas, inversionistas y acreedores cuyos recursos superen la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, además de remitir al Ministerio Público los antecedentes de posibles hechos punibles que surjan durante la investigación.
La propuesta establece que la comisión deberá trabajar dentro de las atribuciones constitucionales del Congreso, sin interferir en las funciones de la Fiscalía ni del Poder Judicial. Su conformación dependerá de la aprobación del proyecto y de la posterior designación de representantes de ambas cámaras.
El diputado adelantó que buscarían aprobar la iniciativa en la siguiente sesión ordinaria de Diputados y comenzar inmediatamente con las convocatorias a las instituciones involucradas. También consideró necesario que los directivos que hayan tenido participación en el esquema sean apartados de sus cargos y respondan ante la Justicia.
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