Raúl Mena explicó que la reglamentación definirá los procedimientos concretos para aplicar el sistema. “La reglamentación del factoraje es muy importante porque va a definir los procedimientos a través de los cuales se va a realizar”, afirmó durante la entrevista.
El directivo informó que actualmente se realizan reuniones técnicas entre asesores jurídicos de la Abogacía del Tesoro, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Paraguay, con el objetivo de cerrar el documento final. Según indicó, el Gobierno prevé presentar una propuesta definitiva en un plazo de una o dos semanas.
Mena recordó que el Estado mantiene una deuda elevada con las constructoras, que ronda los US$ 350 millones o incluso más, aunque mencionó que el Gobierno ya ejecuta desembolsos mediante un calendario establecido. También resaltó que en abril y mayo se observó un aparente cumplimiento de los pagos comprometidos, lo que generó expectativas en el sector.
Uno de los puntos centrales, según Mena, será definir si el tope fiscal del 1,5% del PIB se mantiene o se ajusta para el futuro, ya que de esa decisión dependerá la viabilidad del mecanismo. Además, señaló que la reglamentación deberá establecer cómo se absorberán los intereses generados por los certificados impagos, ya que la intención es que bancos o financieras compren la deuda, pero sin que el costo recaiga sobre las empresas.
Por su parte, Javier Giammarinaro afirmó que el factoraje puede representar una salida concreta para certificados de obra ejecutados y aprobados, considerando la estructura pesada que sostiene el rubro. “Las empresas mantienen una estructura operativa muy pesada: personal técnico, equipos, subcontratos, materiales y compromisos financieros que continúan independientemente de los plazos de cobro”, expresó.
Giammarinaro sostuvo que, si el sistema funciona correctamente, el impacto en el flujo de caja podría ser determinante, ya que permitiría transformar certificados en liquidez inmediata, reduciendo la presión financiera y sosteniendo el ritmo de ejecución de obras. Sin embargo, advirtió que el financiamiento no debe convertirse en una herramienta permanente para cubrir fallas estructurales del Estado en su sistema de pagos.
Mena también remarcó que el factoraje no solucionará el problema de fondo. “No va a solucionar el problema, va a paliar un poco la problemática, pero no va a solucionar el problema de fondo”, afirmó, al insistir en que el Estado debe revisar su política fiscal y planificar con mayor precisión para evitar que la deuda vuelva a acumularse.
El vicepresidente de Aprocons alertó además que la situación afecta a varios sectores y supera ampliamente a la construcción, ya que la deuda estatal también involucra a proveedoras de programas sociales y farmacéuticas, alcanzando un monto superior a los US$ 1.000 millones. En ese escenario, consideró urgente establecer parámetros para que el mecanismo pueda encajar dentro del Presupuesto General de la Nación.
Finalmente, el gremio describió el vínculo actual entre el sector privado y el Estado como un escenario de tensión e incertidumbre. “Es una relación tensa, llena de incertidumbre, angustiante para muchas. Algunas empresas quebraron”, sostuvo Mena. Giammarinaro coincidió en que la infraestructura no puede detenerse y recordó que la construcción genera empleo y arrastra actividad económica, por lo que garantizar pagos previsibles se convierte en una necesidad estratégica para el país.
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