El giro estratégico comenzó hace cuatro años, cuando la comunidad decidió dejar atrás el intento de producción de yerba mate —afectada por incendios y condiciones climáticas adversas— y concentrarse en el maíz, principalmente para locro y chipá. Hoy, la mayor parte de las 2.225 hectáreas del asentamiento está destinada a este rubro, con una estructura organizativa que centraliza la comercialización a través del comité.
En 2024, la producción genuina de los asociados alcanzó aproximadamente 120.000 kilos. Sin embargo, la colocación fue parcial: lograron vender 13.600 kilos a la empresa Rayo SA, a G. 4.500 por kilo entregado, pagando G. 3.800 al productor. Otros 4.000 kilos quedaron almacenados por falta de mercado, lo que evidencia que el principal desafío no está en producir, sino en vender.
Para este año, el escenario comienza a cambiar. La comunidad cerró un acuerdo inicial con la firma Grano Par por 18.000 kilos, con entregas pactadas bajo el sistema de cheques a 30 y 45 días. El precio negociado es de G. 3.000 por kilo, en un contexto de mercado presionado a la baja, donde incluso se ofrecían G. 1.800 por kilo. Aun así, la organización apuesta a sostener la calidad y el volumen como carta de negociación.
El proceso productivo implica alrededor de cuatro meses de trabajo continuo. La siembra se realiza en julio y agosto. Luego de la cosecha, el maíz pasa por desgranado, limpieza con zaranda, medición de humedad —que no debe superar el 15%— y, de ser necesario, secado al sol antes del embolsado o almacenamiento en silos.
Un punto de inflexión fue la incorporación de maquinaria a través del programa PIMA en 2024. La comunidad recibió una trilladora, una zaranda, un medidor de humedad y silos, lo que permitió reducir costos operativos y mejorar estándares comerciales. Antes debían alquilar equipos; hoy el comité cuenta con activos propios y genera ingresos internos por servicios.
En términos de infraestructura, el patrimonio acumulado ronda los G. 800 millones. Solo el local principal demandó cerca de G. 250 millones. El tinglado productivo, otros G. 236 millones. El programa PIMA aportó aproximadamente G. 239 millones en equipamiento. A esto se suman otros locales y depósitos que fortalecen la capacidad operativa.
Pero la apuesta va más allá del grano en bruto. La comunidad apunta a la industrialización mediante la elaboración de locro, buscando capturar mayor margen y reducir la dependencia del precio del maíz en estado natural. Tras superar problemas técnicos con la máquina locrera —que estuvo inactiva más de tres años y requirió una inversión adicional de G. 10 millones para su puesta a punto— hoy el objetivo es activar plenamente la producción con valor agregado.
Además del maíz, avanzan con la diversificación productiva: alrededor de dos hectáreas están destinadas a cebolla y una hectárea a papa, como estrategia para generar flujo de ingresos en distintas épocas del año.
Para 2025, la comunidad estima superar nuevamente los 100.000 kilos seguros de producción, con potencial de expansión si logran asegurar mercados estables. El desafío ahora es escalar el volumen comercializado y cerrar contratos que absorban la producción total, evitando que el stock quede inmovilizado.
El caso Kaaguy Rory muestra cómo una comunidad organizada puede pasar de la agricultura de subsistencia a un modelo con infraestructura, acuerdos comerciales y visión de agregado de valor. Con volumen consolidado, activos productivos y negociaciones en curso, el siguiente paso será transformar ese potencial en facturación sostenida y previsibilidad comercial.
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