La construcción paraguaya enfrenta un nuevo periodo de incertidumbre financiera, con una deuda estatal que continúa presionando la liquidez de las empresas y amenaza la continuidad de las obras públicas. A los compromisos pendientes se suman las dificultades presupuestarias para cerrar el 2026 y las dudas sobre la disponibilidad de recursos para el próximo ejercicio, un escenario que coloca a la nueva administración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ante el desafío de recuperar el ritmo de ejecución.
Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), cuantificó la deuda del Estado con el sector en aproximadamente US$ 180 millones en concepto de capital, además de cerca de US$ 100 millones en intereses que todavía no fueron abonados.
“Hoy el Estado le está debiendo al sector US$ 180 millones más o menos en capitales. Y después, aparte, los intereses que hasta el día de hoy todavía no cobramos”, señaló en entrevista con InfoNegocios, y explicó que el monto varía según los certificados de obra que ingresan y los pagos que se concretan, pero advirtió que la acumulación de obligaciones vuelve a comprometer la situación financiera de las constructoras.
El dirigente recordó que durante algunos meses las empresas recibieron ingresos importantes, pero que en el periodo más reciente los atrasos volvieron a incrementarse. Por eso, consideró fundamental que durante noviembre y diciembre se concrete la mayor cantidad posible de pagos para evitar que la deuda siga creciendo y se traslade al presupuesto del próximo año.
“Le explicamos al nuevo Gobierno que necesitamos que en noviembre y diciembre se pague todo lo que se pueda llegar a pagar, porque venimos mal”, sostuvo.
Menos liquidez, más riesgo para las obras
Desde la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), su presidente, José Luis Heisecke, coincidió en que el impacto más inmediato de los atrasos se siente en la caja de las empresas. Cuando un certificado de obra no se paga a tiempo, las constructoras deben seguir cubriendo salarios, proveedores, subcontratistas y los costos de mantener activos los frentes de trabajo.
La situación puede llevar inicialmente a reducir frentes de trabajo, postergar compras de materiales o modificar cronogramas. Sin embargo, si los desembolsos continúan demorándose, las empresas pueden quedarse sin margen financiero para sostener la ejecución.
“Para las empresas con varios certificados pendientes y poco margen de crédito, la situación puede ser muy delicada”, advirtió Heisecke para nuestra redacción. Explicó que cada mes de atraso obliga a financiar con capital propio o deuda bancaria trabajos que ya fueron ejecutados, acumulando intereses y reduciendo la capacidad de sostener contratos vigentes o participar en nuevas licitaciones.
Sarubbi también alertó sobre el riesgo de paralizaciones si no se resuelven las dificultades presupuestarias antes de finalizar el año. Según indicó, el presupuesto de 2026 contempló US$ 570 millones para obras, frente a necesidades superiores a US$ 1.000 millones, de acuerdo con las estimaciones del gremio.
El impacto de la crisis también alcanzó directamente a empresas, trabajadores y proveedores vinculados a ueno bank. El titular de Cavialpa comentó que algunas constructoras del gremio mantenían fondos en la entidad, al igual que colaboradores y proveedores de materiales y servicios.
El dirigente recordó que la construcción moviliza directamente a cerca de 300.000 personas y que, al considerar los efectos indirectos sobre las familias y actividades vinculadas, el alcance podría llegar a casi un millón de compatriotas.
El desafío de Baruja y el presupuesto 2027
En este escenario, la mirada de los gremios está puesta en la gestión del nuevo ministro de Obras Públicas, Juan Carlos Baruja. Sarubbi valoró positivamente el primer encuentro mantenido con la autoridad y manifestó su disposición a acompañar la gestión, aunque remarcó que la capacidad de ejecución dependerá de contar con los recursos necesarios.
“Él puede tener el mejor perfil que uno pueda llegar a desear, pero si no tiene dinero, si no tiene plata para poder pagarle a las empresas, tampoco va a poder gestionar”, expresó.
Uno de los principales reclamos de Cavialpa se relaciona con el Presupuesto General de la Nación 2027. Sarubbi explicó que, durante una reunión con la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, el gremio planteó que, aunque el monto global podría responder a las necesidades de infraestructura, existe un desequilibrio en la distribución de los recursos: hay mayor previsión para obras financiadas con préstamos internacionales y un déficit para aquellas que dependen de fondos locales.
Heisecke también pidió revisar las partidas presupuestarias para que respondan a los compromisos contractuales y a los cronogramas reales de ejecución. Además, consideró prioritario establecer un calendario realista para regularizar los pagos, agilizar la tramitación de certificados y resolver los convenios modificatorios pendientes.
Para ambos referentes, la solución no pasa únicamente por atender los atrasos actuales, sino por establecer condiciones que permitan dar previsibilidad a la inversión en infraestructura. Sarubbi sostuvo que Paraguay necesita políticas de Estado con una visión de largo plazo, capaces de mantenerse más allá de los cambios de administración.
“Tenemos que pensar en un Paraguay a 10, 20, 30, 50 años, para que a medida que vayan cambiando los gobiernos, la línea, el rumbo no vaya cambiando”, afirmó.
La continuidad de las obras, el cumplimiento de los contratos y la regularización de las obligaciones pendientes serán determinantes para evitar que las dificultades financieras terminen trasladándose a la actividad económica, el empleo y la inversión en infraestructura.
Tu opinión enriquece este artículo: