La llegada de Pedro Alliana a la Presidencia de la República, tras la destitución de Santiago Peña en medio de una crisis política y financiera sin precedentes, abre una nueva etapa marcada por importantes desafíos económicos e institucionales. En un escenario de incertidumbre generado por el caso ueno bank, representantes del sector privado consideran que recuperar la confianza, fortalecer las instituciones y preservar la actividad económica deben estar entre las principales prioridades del nuevo Gobierno.
Aunque los gremios representan a sectores con realidades diferentes, sus planteamientos coinciden en varios puntos: transparencia en las investigaciones, protección de los ahorristas, seguridad jurídica y previsibilidad para las empresas. A estas preocupaciones se suman la necesidad de sostener la cadena de pagos y atender los desafíos fiscales del país.
La confianza, una condición para invertir
Uno de los principales reclamos del empresariado apunta al fortalecimiento institucional. Desde la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), su presidente, Gustavo Eguez, identificó tres prioridades: fortalecer la institucionalidad, recuperar la transparencia y preservar la estabilidad económica.
Resulta indispensable garantizar la independencia de los organismos de control, el respeto al Estado de derecho y la seguridad jurídica, además de ofrecer respuestas claras sobre las responsabilidades relacionadas con la crisis.
“La confianza es uno de los activos más valiosos de un país. Nos costó muchos años construirla, pero puede deteriorarse rápidamente cuando las instituciones pierden credibilidad”, expresó.
En una línea similar, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) sostuvo, mediante un comunicado institucional, que la recuperación de la confianza requiere investigaciones independientes, determinación de responsabilidades y una revisión profunda de los mecanismos de control del Estado.
El gremio industrial planteó la necesidad de establecer procedimientos de detección temprana y mecanismos que impidan obstaculizar las investigaciones o prolongar situaciones que puedan perjudicar al país.
Para el sector inmobiliario, la previsibilidad adquiere una relevancia particular debido a los plazos y montos de inversión que requieren sus proyectos.
Raúl Constantino, presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), señaló que la recuperación de la confianza exige hechos concretos, transparencia y decisiones responsables.
“No podemos pretender atraer inversiones de largo plazo con incertidumbre de corto plazo”, afirmó.
El empresario sostuvo que Paraguay ha construido una reputación de estabilidad macroeconómica y condiciones favorables para la inversión, por lo que considera fundamental preservar esos avances mediante instituciones creíbles, reglas claras y seguridad jurídica.
Proteger los ahorros y evitar que la crisis afecte a más sectores
Otro punto de coincidencia entre los gremios es la necesidad de acelerar la resolución de la situación financiera y evitar que sus consecuencias se extiendan a la economía real.
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) instó a las autoridades a concluir con urgencia la reposición de los recursos de los afectados, conforme a los mecanismos legales, mediante información clara y plazos verificables.
El gremio también solicitó asistencia para las personas que perdieron sus empleos y destacó la importancia de sostener la cadena de pagos, el crédito y las condiciones necesarias para producir e invertir.
Desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) expresaron una preocupación similar. El sector comercial considera urgente garantizar el funcionamiento del sistema financiero, la continuidad de las actividades productivas y el cumplimiento de las obligaciones económicas.
“Paraguay no puede detenerse. Las familias necesitan tranquilidad, los trabajadores seguridad, los comercios y las empresas previsibilidad, y los inversores confianza”, señaló el gremio en su comunicado.
Capasu también pidió acelerar la devolución de los ahorros mediante los mecanismos legales correspondientes, con transparencia y respuestas concretas, para preservar la confianza en el conjunto del sistema financiero.
El desafío fiscal y la cadena de pagos del Estado
Más allá de la resolución de la crisis financiera, el sector empresarial también identifica desafíos relacionados con las finanzas públicas.
Ricardo Dos Santos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), consideró que una de las tareas inmediatas del nuevo Gobierno debe ser trabajar en la resolución del caso ueno bank y de la situación de las empresas afectadas, además de esclarecer las responsabilidades de las autoridades que intervinieron en los procesos de supervisión y control.
Dos Santos también puso el foco en el Presupuesto General de la Nación 2027 y en la necesidad de que el Ejecutivo y el Congreso acuerden cómo enfrentar el déficit fiscal y administrar la cadena de pagos del Estado.
Estas decisiones forman parte de las tareas económicas que deberá abordar la nueva administración, en un escenario que exige respuestas tanto en el ámbito financiero como en el manejo de los recursos públicos.
La preocupación por la disciplina fiscal también aparece en los planteamientos de la CAP, que considera necesario preservar las fortalezas macroeconómicas del país mediante responsabilidad fiscal, reglas claras y condiciones que permitan sostener la inversión y el empleo.
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Más allá de la coyuntura
Los pronunciamientos del sector privado muestran que las expectativas sobre la nueva administración no se limitan a resolver las consecuencias inmediatas de la crisis. También apuntan a fortalecer los mecanismos de supervisión, garantizar el cumplimiento de las reglas y ofrecer condiciones de estabilidad para las decisiones empresariales.
Para los gremios, la confianza no depende únicamente de los indicadores macroeconómicos, sino también de la capacidad de las instituciones para responder ante situaciones que ponen a prueba su credibilidad.
En ese escenario, el desafío planteado al Estado es doble: atender a los afectados y contener las consecuencias económicas de la crisis, mientras se fortalecen las condiciones institucionales que permiten sostener la inversión, el crédito, el empleo y la actividad productiva.
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