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Durante el encuentro, técnicos del MEF expusieron datos que reflejan la magnitud del problema y advirtieron que, de no concretarse la reforma, el sistema enfrentará en los próximos cinco años un déficit cercano a los US$ 800 millones, que necesariamente debería ser cubierto con recursos tributarios. En contraste, con la implementación del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, se espera frenar el crecimiento acelerado del déficit y llevarlo a niveles más sostenibles.
Actualmente, la situación ya es crítica. Solo en 2025, el déficit de la Caja Fiscal ascendió a US$ 380 millones, equivalente al 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra representa aproximadamente la mitad del tope máximo permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fija un límite del 1,5% del PIB para el déficit fiscal.
Los técnicos del MEF también explicaron que, si bien hoy el Estado financia con recursos tributarios el déficit del Programa No Civil, las proyecciones actuariales indican que, de mantenerse las reglas vigentes, a partir de 2028 el Programa Civil también requerirá aportes directos del Tesoro. Este escenario refuerza, según los especialistas, la urgencia de introducir cambios estructurales.
El proyecto de reforma contempla cambios significativos en varios regímenes especiales. Entre ellos, establece una edad mínima de acceso a la jubilación para sectores como el magisterio nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales, policías y militares. Para estos dos últimos, se incorpora además una regla de acceso gradual que va desde los 20 hasta los 35 años de servicio.
En materia de financiamiento, la iniciativa prevé un esquema de aporte obrero-patronal del 22%, distribuido en un 19% a cargo del trabajador y un 3% del Estado. Asimismo, incorpora tablas de sustitución que buscan incentivar una mayor permanencia en el mercado laboral y mayores aportes al sistema, con tasas que comienzan en el 50% y pueden alcanzar hasta el 100% en el caso de policías y militares.
Otro de los puntos centrales es la unificación de la base de cálculo de los haberes jubilatorios, que pasará a considerar el promedio de los últimos cinco años de aportes. A esto se suma un mecanismo uniforme de actualización de las jubilaciones para todos los sectores, basado en la variación anual del salario mínimo legal vigente. Desde el MEF aclararon que el personal de blanco y el personal administrativo quedan fuera de esta propuesta, ya que sus regímenes entrarían en déficit recién a partir de 2033 y 2026, respectivamente.
El debate legislativo se da en paralelo a un fuerte respaldo del sector productivo. Un amplio conjunto de organizaciones industriales, agropecuarias, comerciales y de servicios emitieron un pronunciamiento conjunto en el que califican la reforma como una respuesta “necesaria y responsable” frente a una crisis que consideran estructural y de larga data.
Desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), su presidente, Ricardo Dos Santos, valoró positivamente la decisión del Poder Ejecutivo de abordar un tema que, según sostuvo, “viene desangrando al Estado paraguayo desde hace muchos años y que en los últimos tiempos se volvió prácticamente incontrolable”. De acuerdo con sus estimaciones, el déficit del sistema de jubilaciones fiscales le cuesta al país entre US$ 200 y US$ 300 millones anuales, monto que es cubierto directamente por el Estado.
Para Dos Santos, el liderazgo del Poder Ejecutivo y del MEF resulta clave para encarar una discusión compleja, que involucra a sectores directamente afectados pero que impacta en toda la ciudadanía. “Nos parece muy bien que se encare el problema y que se convoque a todos los involucrados. Cuanto más se postergue la definición, más se agrava la situación”, advirtió.
En ese sentido, recordó que los ingresos adicionales obtenidos por Paraguay tras la renegociación de Itaipú, que rondaron entre US$ 300 y US$ 400 millones anuales y fueron celebrados a nivel nacional, hoy podrían verse absorbidos por el déficit de la Caja Fiscal. “Estamos hablando de recursos equivalentes a grandes obras de infraestructura, como la ampliación de la Ruta 1, un aeropuerto nuevo o inversiones clave en salud y educación”, señaló.
En línea con esta postura, Dos Santos fue enfático al señalar que la solución al problema de la Caja Fiscal debe darse dentro del propio sector público. “El sector público debe resolver con el sector público y, claro, desde los gremios apoyamos todas las medidas de inversión en infraestructura, inversión en educación, inversión en salud y reducción del gasto público superfluo”, afirmó. En ese marco, aseguró que no están de acuerdo en modificar de ninguna manera el sistema tributario actual, ya sea en tasas o en conceptos.
Bajo la misma óptica, Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), sostuvo que la preocupación por la Caja Fiscal es compartida por numerosos sectores productivos desde hace tiempo. “Es un problema que se viene arrastrando hace años y genera mucha inquietud. Creemos que hay que buscar una solución real y, sobre todo, justa”, manifestó.
Pastore consideró interesante la propuesta presentada por el MEF, aunque remarcó que debe ser objeto de debate y eventuales ajustes. Sin embargo, subrayó que la reforma no debe implicar cargar el peso del déficit sobre un sector en particular, especialmente sobre aquellos que ya contribuyen al sistema y sostienen la economía del país.
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