Paraguay ratificó la Convención Ramsar a través de la Ley N° 350, convirtiéndose así en un Estado Parte obligado a cumplir sus directrices. Entre ellas, se establece la necesidad de identificar humedales de importancia internacional, especialmente aquellos que sirven de hábitat a aves acuáticas migratorias. Si bien el país ya definió algunos sitios clave en las décadas de los 90 y 2000, el contexto actual exige una renovación del enfoque, esta vez con una gestión más integrada y participativa.
“El Ministerio del Ambiente es la autoridad de aplicación de esta ley y de muchas otras que protegen los recursos hídricos. Estamos obligados por ley a asegurar el manejo adecuado de los humedales”, destacó Fariña.
Según explicó el director, el comité busca ser un órgano de apoyo técnico, consultivo y deliberativo, destinado a fortalecer la toma de decisiones en torno a la protección, conservación y manejo sostenible de estos ecosistemas. Este espacio funcionará como una mesa interinstitucional en la que confluirán representantes del gobierno central, autoridades departamentales y municipales, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y las universidades.
“El objetivo es apoyar a todos los referentes en la gestión de humedales. Esta comisión no reemplaza al Ministerio, pero sí coadyuva en su labor, especialmente en casos complejos que requieren una evaluación más amplia y multidisciplinaria”, señaló Fariña. Agregó que, si bien el comité no tendrá un rol ejecutivo, sí podrá incidir en los criterios técnicos y estratégicos para priorizar acciones, zonas críticas o problemáticas emergentes.
Según Fariña, aproximadamente el 20 al 23% del territorio paraguayo está conformado por humedales, lo que convierte a estos ecosistemas en un patrimonio natural de enorme valor. Sin embargo, al igual que en muchas partes del mundo, estos entornos están siendo severamente presionados por el avance de la frontera agrícola, la expansión urbana y la falta de control efectivo.
Un informe global del año 2021, citado por el director, reveló que el 35% de los humedales del mundo fueron degradados en los últimos 50 años, lo que implica la pérdida de su capacidad ecológica.
En Paraguay, casos como el Pantanal paraguayo, compartido con Brasil y Bolivia, muestran cuán dependientes somos de estos ecosistemas para mantener el equilibrio hídrico y climático. “Si no llueve en el Pantanal, no tenemos agua en los ríos. Esa es la magnitud de la interdependencia”, afirmó Fariña.
Uno de los factores más agresivos contra los humedales en Paraguay es su drenaje para actividades agropecuarias y urbanizaciones. Fariña mencionó que existen leyes específicas que penalizan estos actos, tanto en el ámbito administrativo como penal.
Entre ellas figuran la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Vida Silvestre y la propia ley de delitos contra el medioambiente. “La canalización o desecación de un humedal sin autorización es una infracción grave. Tenemos casos en los que el Ministerio ya intervino y sancionó emprendimientos por incumplimiento de estas normas”, reveló.
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