La UE aprobó una normativa que refuerza el derecho a reparar y que busca reducir los desechos tecnológicos, impulsar el mercado de reparación y frenar la obsolescencia programada. Con este paquete de reglas, Bruselas quiere que reparar resulte más barato y accesible que reemplazar, una lógica que choca directamente con el modelo actual de consumo acelerado que domina el mercado electrónico.
Uno de los cambios más fuertes golpea directamente al corazón de los smartphones: la batería. Durante años, los usuarios podían cambiarla sin dificultad, pero los fabricantes cerraron esa posibilidad con diseños compactos, estructuras selladas y baterías instaladas en el interior del dispositivo. Ese estilo de fabricación transformó una reparación sencilla en una intervención técnica casi obligatoria.
En la práctica, ese sistema empujó a millones de consumidores a tomar una decisión absurda pero frecuente: comprar un celular nuevo porque cambiar la batería resultaba caro, lento o complicado. La batería, que debería ser un repuesto común, terminó funcionando como una barrera que acelera el recambio del equipo completo.
Eso cambiará desde 2027, cuando la Unión Europea exija que los móviles incluyan baterías “fácilmente extraíbles” por el usuario. La norma obligará a las marcas a rediseñar sus teléfonos para que cualquier persona pueda reemplazar la batería sin depender de un técnico especializado o de procesos complejos.
El texto legal define como “fácilmente extraíble” a toda batería que pueda retirarse con herramientas disponibles en el mercado y sin necesidad de instrumentos especializados. Además, si el fabricante exige una herramienta específica, deberá entregarla de forma gratuita junto al dispositivo o junto al repuesto, cerrando así la puerta a costos extra disfrazados de accesorios técnicos.
La normativa también marca límites claros: el usuario no deberá usar herramientas protegidas por derechos, calor, sustancias químicas o disolventes para desmontar el producto. Con esa frase, Europa apunta directamente a una práctica común en la industria actual: baterías pegadas, soldadas o colocadas de forma que el usuario prácticamente no pueda acceder a ellas sin riesgo de dañar el equipo.
El cambio no se queda solo en lo físico. La UE también prohíbe que el software bloquee la sustitución de la batería, una estrategia que algunas marcas utilizan para limitar reparaciones no oficiales. La norma establece que el sistema operativo no podrá obstaculizar la instalación de otra batería compatible, lo que refuerza la libertad del usuario y debilita el control total de los fabricantes.
Finalmente, la ley obliga a que las baterías se vendan como repuesto durante al menos cinco años y a un precio razonable. Con esta medida, Europa busca que reparar se convierta en una opción real y no en una promesa vacía. Desde 2027, el teléfono ya no deberá morir por una batería agotada: las marcas tendrán que adaptarse o quedar fuera del juego.
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