La Ley N°6.763 establece que la CGR dicte los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los fines de la nueva legislación. Además, obliga a que por lo menos se realicen dos auditorías, una financiera y una de obras y en el caso de que las entidades no provean todos los documentos requeridos, la CGR podrá allanar ambas instituciones.
Un reclamo recurrente que incidió que la CGR pueda controlar las cuentas de las binacionales definitivamente fue el de incluir los gastos sociales al Presupuesto General de Gastos. Para el exviceministro de Hacienda, Manuel Caballero, si bien los gastos sociales forman parte de la responsabilidad social de las empresas -en este caso de estatales y binacionales-, consideró que es importante saber a qué proyectos se destinan actualmente esos recursos.
“Conocer en qué se gasta es un punto de partida, con la medida no se garantiza que de ahora en más se gaste bien o en sintonía con intereses que puedan beneficiar a la mayoría”, manifestó Caballero, quien aclaró que el debate sobre la utilización de esos fondos es más que necesario para construir una política pública.
No obstante, el exviceministro enmarcó que hay que hacer todo lo posible para que los fondos sociales no terminen como los royalties, que ingresaron a los presupuestos municipales y se comenzaron a gastar con poca responsabilidad. “Tenemos entre US$ 300 a 400 millones anuales y no podemos construir una autopista en un tiempo regular, lo ideal es hacer efectivos estos recursos porque finalmente el Estado pierde cuando los proyectos fracasan”, complementó.
Igualmente, subrayó que es probable que bajo el contexto actual lo que corresponde es destinar parte de los recursos de binacionales a gastos médicos. Entretanto, recordó que actualizar información sobre recursos públicos es un ejercicio que siempre se dio, para ejemplificar, puntualizó que antes no se sabía cuánto representaban las exenciones tributarias y ahora eso se incluye en el presupuesto general.
¿Cómo usan los gastos sociales de las binacionales nuestros vecinos?
Según la exministra de Minas y Energías, Mercedes Canese, en Brasil el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) –organismo similar a la CGR– puede auditar Itaipú, sin embargo, el presupuesto de la entidad no forma parte del presupuesto federal. En el caso de Argentina, con Yacyretá, dijo que tampoco el presupuesto de la hidroeléctrica se ingresa al del Estado.
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