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Uno de los puntos centrales de esta nueva legislación es la inclusión y regulación de nuevos actores en el ecosistema de pagos, como las empresas fintech, proveedores de servicios de iniciación de pagos y plataformas digitales que facilitan transacciones electrónicas. La ley define por primera vez sus funciones, establece requisitos de supervisión y permite al BCP dictar normativas específicas, atendiendo a la falta de claridad que presenta actualmente el sistema.
Además, el proyecto promueve la interoperabilidad entre distintos sistemas, buscando facilitar transacciones más accesibles para toda la población, en especial en un contexto donde el uso de pagos electrónicos crece a un ritmo acelerado.
La presidenta de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Liz Cramer, valoró de forma positiva la media sanción y resaltó el fortalecimiento institucional del BCP como un paso necesario. “La ley amplía las facultades del Banco Central, que ahora podrá reglamentar y definir roles dentro del sistema de pagos, supervisar funciones críticas y evitar la concentración sin controles adecuados”, expresó Cramer.
No obstante, enfatizó en la importancia de mantener estándares de seguridad en los procesos de interoperabilidad. “Es fundamental que se cumpla con los estándares del Administrador del Sistema, de manera que no se degrade la seguridad ya vigente ni se entienda la apertura a nuevos actores como una práctica excluyente”, advirtió la presidenta de Asoban.
Cramer también hizo hincapié en la necesidad de que el proceso de reglamentación posterior sea participativo. “Solicitaremos al BCP que se mantenga una dinámica de consulta con las entidades financieras, que acompañaron el crecimiento del ecosistema con inversiones en soluciones tecnológicas que aseguran la seguridad jurídica y operativa de los nuevos servicios digitales”, remarcó.
En ese sentido, la Asoban pidió que la normativa contemple medidas específicas para la prevención de fraudes, incluyendo protocolos para la actuación frente a errores en transferencias y casos de movimientos sospechosos. “Ante estos escenarios, el Banco Central debe establecer parámetros claros que salvaguarden tanto los derechos de los consumidores como la posición de las entidades ante eventuales reclamos”, señaló Cramer.
Desde el sector fintech, sin embargo, surgieron críticas por la falta de participación en el diseño de la ley. Bruno Vaccotti, miembro del directorio de la Cámara Paraguaya de Fintech, cuestionó que el Senado y los proyectistas —principalmente el Banco Central— no hayan socializado el documento ni convocado al sector privado a discutir sus alcances.
El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde deberá ser tratado antes de convertirse en ley.
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