La disposición, que proviene del Gobierno del presidente argentino Javier Milei, implica que las barcazas paraguayas deberán desviarse forzosamente a otras terminales más alejadas, como las del Paraná de las Palmas. Esta medida encarecerá el transporte fluvial y, por consecuencia, el precio final del combustible podría elevarse hasta en un 70%, advirtieron los gremios del sector. La situación podría derivar en un desabastecimiento severo si no se logra una solución en el corto plazo.
Bernd Gunther, presidente de la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), advirtió que el país enfrenta una amenaza grave a su seguridad energética. “Paraguay sufrirá un golpe económico muy duro si no se puede hacer el transbordo en el kilómetro 171. Esto puede generar un desabastecimiento real en el mercado. Nosotros ya pusimos esto a consideración de la Cancillería, que entiendo que está trabajando para conversar con los pares argentinos”, señaló Gunther.
Desde Cafy, consideran que Paraguay es actualmente “rehén” de decisiones unilaterales que afectan el interés público regional. “La mediterraneidad de Paraguay hace que estas medidas arbitrarias tengan un impacto desproporcionado en nuestra economía. No estamos ante un problema bilateral, sino ante una conducta que viola principios internacionales de libre navegación”, expresó Gunther.
El punto afectado, ubicado en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, es estratégico para la logística de hidrocarburos hacia Paraguay. La suspensión fue ejecutada por la ARCA bajo el argumento de fortalecer los controles aduaneros. Sin embargo, desde Cafym cuestionan esta justificación.
“La Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina no puede decir que no puede ejercer su tarea de control. Lo han hecho durante años sin problemas. Además, hay tratados internacionales que garantizan nuestra posición como país sin litoral, como la Convención del Derecho del Mar y otros acuerdos específicos”, añadió Gunther.
A nivel diplomático, Paraguay ya realizó un reclamo formal para que la medida quede sin efecto. El Ministerio de Relaciones Exteriores inició gestiones con la contraparte argentina y analiza la posibilidad de elevar la queja ante organismos multilaterales, como el Comité Intergubernamental del Acuerdo de la Hidrovía.
El presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, Juan José Vera Cáceres, coincidió en que la medida afecta directamente la navegabilidad y los compromisos firmados en el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná. “A mi parecer, se está violando lo establecido en ese tratado. Lo correcto sería que Paraguay recurra al comité político del acuerdo. No se puede actuar de manera unilateral en una vía fluvial compartida”, explicó.
Cáceres también reconoció que existen planes para habilitar canales alternativos, pero advirtió que las demoras y los sobrecostos serán inevitables. “Si bien hay planificación, no hay forma de evitar un impacto logístico importante. Los desvíos a otras terminales significan más días de navegación y mayores costos operativos”, agregó.
La medida se da en un contexto de tensiones acumuladas entre ambos países en torno al uso de la hidrovía. Desde hace dos años, Argentina viene adoptando políticas restrictivas que dificultan el tránsito de embarcaciones paraguayas, lo cual genera incertidumbre en sectores claves como el energético y el agroexportador.
La Cafym y otros gremios logísticos insisten en la necesidad de respuestas firmes por parte del Gobierno paraguayo. “No se trata solo de defender nuestros intereses, sino de exigir el respeto a normas internacionales que garantizan el comercio y la libre navegación. No podemos permitir que se nos impongan barreras que afectan a toda la población”, concluyó Gunther.
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