La intención del Gobierno es establecer condiciones más claras para la incorporación de inversiones privadas, especialmente en nueva capacidad de generación, en momentos en que la demanda eléctrica del país continúa aumentando y Paraguay comienza a acercarse a un escenario en el que necesitará sumar nuevas fuentes para acompañar su crecimiento.
Desde el Viceministerio de Minas y Energías explicaron que el nuevo Ministerio funcionaría como órgano planificador y coordinador del sector, articulando a instituciones como la ANDE, Itaipú, Yacyretá y Petropar. Paralelamente, un ente independiente asumiría funciones regulatorias, con atribuciones para fijar tarifas, sancionar a los participantes y resolver conflictos.
La ANDE, por su parte, continuaría ocupando un lugar central como operador del sistema, pero dejaría de concentrar determinadas atribuciones regulatorias.
Para Juan Encina, presidente del Consejo Cono Sur del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), el cambio institucional representa un paso importante para dar previsibilidad a un sector que enfrenta necesidades diferentes a las de años anteriores.
En este nuevo modelo, el Ministerio debería definir hacia dónde quiere avanzar el país en materia energética, mientras que el ente regulador tendría que establecer y hacer cumplir las condiciones bajo las cuales deberían participar tanto las empresas públicas como las privadas.
“Lo importante es establecer las condiciones para que tanto el actor privado como el público funcionen en forma armoniosa, pero principalmente cuáles son las funciones y responsabilidades de cada uno”, explicó.
El privado entra a jugar en la generación
La apertura plantea también un cambio relevante para las inversiones.
Paraguay ya cuenta con legislación relacionada con productores independientes y energías renovables no convencionales, pero parte del problema fue la ausencia de un marco institucional capaz de ordenar cómo esas figuras debían incorporarse efectivamente al sistema eléctrico.
La propuesta del Ejecutivo permitiría que empresas privadas generen electricidad y la comercialicen, entre otras posibilidades, a la ANDE. El Gobierno mencionó inicialmente un esquema para que la estatal pueda adquirir unos 140 MW provenientes de centrales privadas.
También se contemplan figuras vinculadas al autoconsumo, la cogeneración y el transporte independiente de energía.
Entre las tecnologías que podrían encontrar mayor espacio, Encina mencionó la energía solar, los sistemas solares acompañados por baterías y las pequeñas centrales hidroeléctricas, aunque existen otras alternativas que podrían incorporarse dependiendo de las necesidades del sistema.
El principal cambio para un inversionista sería contar con previsibilidad sobre las condiciones bajo las cuales podrá desarrollar un proyecto y recuperar el capital invertido.
“Todo inversionista del sector privado lo que quiere hacer es, aparte de hacer una obra de generación, tener un retorno a su inversión en un plazo prudencial”, explicó.
Esto implica definir quién puede generar, cómo venderá esa energía, bajo qué condiciones, a qué precio y durante cuánto tiempo.
Se estima que hacia 2033 Paraguay podría estar utilizando toda la energía que le corresponde de las hidroeléctricas. Si para entonces el país no incorpora nueva generación, podría verse obligado a recurrir a importaciones de energía a precios significativamente superiores.
Reglas claras para inversiones de largo plazo
En ese escenario, el principal pedido del capital privado pasa por la previsibilidad.
Un proyecto energético implica inversiones que deben recuperarse durante periodos largos, por lo que las empresas necesitan conocer de antemano las condiciones bajo las cuales podrán producir y comercializar electricidad.
Para Encina, el Ministerio y el ente regulador pueden proporcionar una parte fundamental de esa certeza, aunque por sí solos no garantizan la rentabilidad de una inversión.
“El sector privado lo que tiene que tener como garantía es que, para lo que va a producir, tenga asegurado que lo que produce va a poder vender y a un precio que le dé una tasa interna de retorno positiva”, indicó.
Por eso, consideró necesario delimitar claramente hasta dónde llega la ANDE, dónde puede participar el privado y qué responsabilidades corresponden a cada actor.
El objetivo final, agregó, debería ser que hogares e industrias cuenten con energía suficiente, precios razonables, continuidad y calidad del servicio.
La reforma también puede tener impacto en la capacidad de Paraguay para atraer grandes consumidores, entre ellos industrias intensivas en energía y centros de datos.
Sin embargo, disponer de electricidad competitiva no garantiza automáticamente inversiones.
La conectividad, la logística, los caminos, los puertos, el capital humano y la estabilidad jurídica también forman parte de las variables que evalúan las empresas antes de instalarse.
En este sentido, planteó que el desafío será evitar que la creación del Ministerio y del ente regulador termine simplemente agregando nuevas estructuras burocráticas.
La ANDE dejaría de ser “juez y parte”
Uno de los principales cambios planteados es precisamente la separación entre la operación y la regulación.
Actualmente, la ANDE cumple funciones que van desde la provisión del servicio eléctrico hasta determinadas decisiones vinculadas al funcionamiento del propio mercado. Bajo la nueva estructura, la función de arbitraje pasaría a un organismo independiente.
Para Encina, esto podría beneficiar incluso a la propia ANDE, al trasladar a una tercera institución las controversias que puedan surgir con consumidores, grandes usuarios o nuevos generadores.
El ente regulador debería funcionar, según explicó, como un árbitro encargado de controlar el cumplimiento de las reglas y establecer indicadores relacionados con la calidad del servicio, las pérdidas, la morosidad y la relación entre operadores y consumidores.
El Ministerio, en cambio, debería marcar la política energética nacional y determinar el rumbo del desarrollo del sector.
Para Encina, si ambas instituciones logran asumir claramente sus funciones, la reforma podría convertirse en uno de los cambios institucionales más importantes del sistema eléctrico paraguayo de los últimos años.
“Es un comienzo muy importante, pero a partir de ahí tenemos que ver cómo congeniar los intereses del sector privado con los intereses del sector público”, señaló.
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