El pasado 5 de junio, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el citado proyecto de ley. Esta normativa busca modernizar el marco legal vigente en materia de transacciones electrónicas en Paraguay.
Este martes, la Cámara Baja debe estudiar el proyecto. En ese sentido, la procesadora Bancard emitió un comunicado manifestando su preocupación respecto al artículo 4, incisos e) y q). El primero habla acerca de que, cuando una misma persona física o jurídica participe simultáneamente en más de un rol dentro del sistema, el BCP podrá exigir la implementación de medidas de separación que aseguren la independencia funcional en los procesos de toma de decisiones.
Respecto al inciso q), este se refiere a la facultad de suspender o dejar sin efecto las decisiones adoptadas por un administrador y/o proveedor de un servicio y/o sistema, y a adoptar las medidas oportunas cuando se estime que dichas decisiones infringen gravemente la normativa vigente.
“Este artículo, lejos de promover un sistema de pagos moderno, eficiente e inclusivo, podría generar inseguridad jurídica, desincentivar la inversión y favorecer prácticas regulatorias discriminatorias. Consideramos necesario advertir sobre este riesgo, en tanto podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley, afectar la libre competencia, desalentar la innovación y limitar la participación del sector privado”, dicta el comunicado.
Al respecto, Raúl Alvarenga, presidente de la Cámara Paraguaya de Medios de Pago, afirmó que estas facultades podrían permitirle al BCP incidir en la conformación interna de las empresas del sector. Añadió que estos puntos no estaban presentes en versiones anteriores del proyecto y consideró importante abrir un espacio de diálogo para encontrar un equilibrio que otorgue mayor certidumbre a las empresas.
Asimismo, Alvarenga aclaró que, si bien aún no existe una posición oficial por parte de la Cámara —dado que el tema será debatido en la próxima reunión de junta—, él personalmente coincide con las preocupaciones manifestadas por Bancard en su comunicado. También mencionó que decisiones anteriores, como la regulación de comisiones en comercios, fueron tomadas sin participación del gremio, lo que refuerza la inquietud actual frente al proyecto.
¿Qué dice el regulador?
Desde el BCP, la directora Liana Caballero explicó que uno de los objetivos del proyecto de ley es evitar que una sola empresa tenga demasiado poder en el sistema de pagos. Señaló que actualmente una de las empresas, que pertenece a varias entidades financieras, cumple dos funciones al mismo tiempo: por un lado, emite las tarjetas; y por otro, controla la red por la que pasan las transacciones (procesadora). Esto, según dijo, “les da una ventaja que les permite limitar la competencia”.
Caballero indicó que el problema central es que “los bancos, a través de Bancard, le dicen al comercio qué POS usar y a los clientes por qué red debe pasar su tarjeta”, generando un sistema cerrado donde no es posible la interoperabilidad plena. Comparó la situación con lo ocurrido en países como Argentina y Chile, donde las autoridades decidieron separar los roles para promover mayor competencia, lo que derivó en una reducción de costos y más beneficios para el consumidor.
“Hoy vemos que se está usando ese poder de mercado para restringir el uso de la red y evitar la entrada de nuevos competidores”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el espíritu de la ley es garantizar que cualquier tarjeta pueda operar con cualquier procesador y que todos los actores puedan conectarse entre sí sin barreras.
“El foco de la ley, en realidad, es la interconexión, la interoperabilidad, la inclusión de nuevos actores, mayor competencia y reducción de costos. ¿Quiénes son los beneficiados? Los paraguayos, tanto del lado del comercio como de los clientes”, afirmó.
El proyecto también plantea que esta nueva ley permitirá ampliar la participación en el sistema de pagos a empresas no financieras, como las fintech. Actualmente, el sistema SIPAP (Sistema de Pagos del Paraguay) solo admite participantes financieros, pero con la nueva normativa se busca incluir a actores tecnológicos que puedan ofrecer servicios innovadores de pago.
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