Aunque Paraguay aún no cuenta con un sistema de fijación de precios o impuesto al carbono, sí dispone de la Ley N.º 7190/23, que establece el marco legal para la comercialización de créditos de carbono y ya fue reglamentada para su implementación. Sin embargo, en el país el debate avanza por otro carril. Para Kiantar Betancourt, presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrollo y Comercio de Créditos de Carbono (Capadeco), la fijación de precios al carbono no representa hoy una prioridad nacional, principalmente porque Paraguay posee una ventaja estructural frente a otras economías gracias a su matriz energética limpia.
“Los impuestos al carbono suelen aplicarse en países con altos niveles de emisiones de CO2. En Paraguay tenemos la suerte de contar con electricidad limpia y renovable, por lo que nuestras emisiones son muy bajas”, explicó Betancourt. Según sostuvo, la mayor parte de las emisiones globales proviene de industrias altamente dependientes del carbón mineral y el gas natural, algo que no ocurre a gran escala en el sistema energético paraguayo.
El titular de Capadeco señaló que Paraguay actualmente logra cumplir sus compromisos climáticos internacionales (conocidos como NDC o Contribuciones Nacionalmente Determinadas) y eso le abre la posibilidad de exportar créditos de carbono a mercados regulados que sí necesitan compensar emisiones.
En ese escenario, la Ley 7190/23, que regula la comercialización de créditos de carbono en el país, aparece como una herramienta central para estructurar el sector. Betancourt destacó que la normativa permitió crear formalmente una industria del carbono en Paraguay, estableciendo mecanismos para que propietarios de tierras y desarrolladores de proyectos puedan generar y comercializar créditos certificados.
“La ley creó una industria donde el gobierno reconoce que esto es un negocio y donde los dueños de la tierra o quienes impulsan proyectos pueden participar directamente”, expresó.
Según explicó, el modelo paraguayo busca convertir la conservación ambiental en una actividad económicamente viable. Esto cobra especial relevancia en un país donde la mayor parte de las tierras está en manos privadas y donde la expansión agroganadera continúa presionando sobre los recursos forestales, especialmente en el Chaco.
Betancourt considera que el mercado de carbono puede transformarse en una alternativa para equilibrar desarrollo económico y conservación ambiental. “El mercado de carbono entra y le dice al propietario: te pagamos por conservar ese bosque”, afirmó.
El dirigente remarcó además que Paraguay enfrenta una situación distinta a la de países desarrollados que hoy exigen mayores estándares ambientales. “Estados Unidos y gran parte de Europa ya utilizaron prácticamente todas sus tierras para su desarrollo económico hace décadas. Paraguay todavía está en proceso de desarrollo y necesita encontrar un equilibrio”, sostuvo. Más allá de la conservación forestal, el potencial económico también se extiende hacia otros sectores. Uno de ellos es la movilidad eléctrica. Betancourt mencionó como ejemplo los acuerdos internacionales bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París, que permiten a países financiar proyectos de reducción de emisiones en otras naciones.
Citó el caso de Suiza y Tailandia, donde se financió la sustitución de buses diésel por buses eléctricos a cambio de créditos de carbono. Según indicó, modelos similares podrían implementarse en Paraguay mediante alianzas con países como Taiwán, Singapur, Noruega o Japón.
“Creo que esto representa oportunidades para varios sectores de la economía. Un ejemplo es la movilidad eléctrica. Taiwán, por ejemplo, está produciendo autos y buses eléctricos, como los proyectos que estamos viendo actualmente. Ellos tienen compromisos propios para reducir sus emisiones y, posiblemente, gran parte de su flota ya sea eléctrica. Sin embargo, quieren seguir avanzando en ese proceso y continuar impulsando la descarbonización en distintas partes del mundo. Ahí es donde entra el mercado de carbono y este tipo de acuerdos internacionales, como la alianza que Paraguay mantiene con Taiwán y las que también está impulsando con Singapur y otros países”, detalló.
“Si Paraguay logra acuerdos con cinco o diez países, fácilmente podríamos hablar de una demanda de US$ 500 millones anuales en créditos de carbono”, proyectó. El potencial forestal también aparece como uno de los grandes activos nacionales. Betancourt aseguró que existen millones de hectáreas con baja productividad que podrían destinarse a proyectos forestales y captura de carbono. “Con un millón de hectáreas forestadas y valores actuales de mercado, el impacto económico podría ser enorme”.
A partir de este ecosistema, empiezan a surgir nuevas oportunidades industriales vinculadas a la transición verde. Entre ellas mencionó el desarrollo de biocarbón, biocombustibles, fertilizantes verdes y combustibles sostenibles para aviación (SAF), sectores que ganan protagonismo a nivel global por la presión que enfrentan las industrias para reducir emisiones.
Incluso reveló que empresas internacionales ya consultan a Paraguay sobre proyectos vinculados a biocoque sustentable, un sustituto del carbón mineral utilizado en la industria del acero.
“El mercado de carbono es apenas la puerta de entrada. Una vez que Paraguay entra en contacto con empresas globales que necesitan descarbonizarse, aparecen oportunidades para vender otros productos verdes”, afirmó.
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