“Está complicada la situación del sector y creemos se va a ir agravando. Lo que vamos a hacer a través de la cámara es recorrer la semana que viene los ministerios, y ver si no se puede recurrir otra vez a la APP, para hacer obras con financiación que las constructoras puedan conseguir para que el Estado no tenga que endeudarse a través de bonos”, afirmó Óscar Bieber, vicepresidente de Capaco.
El empresario recordó que ya se recurrió a este mecanismo y que es la única salida que encuentran en el gremio para solventar las obras de infraestructura, pues consideran que es muy difícil que el Congreso apruebe nuevos créditos para emprendimientos de esa laya.
“Sí se puede conseguir recursos financieros, ya que hay instituciones internacionales que están dispuestas a apoyar a las constructoras para participar en licitaciones con recursos propios”, explicó Bieber.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no licitó este año nuevas obras a ser financiadas con fondos del Ministerio de Hacienda provenientes de los impuestos, porque los recursos fueron redirigidos a otros destinos, principalmente del sector salud a raíz de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.
“Las únicas obras que continúan son las que tienen financiamiento con préstamos internacionales o multilaterales. La ausencia de nuevos concursos licitatorios para emprendimientos públicos hace que las empresas pequeñas y medianas estén sin trabajo y las que siguen trabajando para el MOPC tienen problemas para el cobro, desde hace mucho tiempo ya”, agregó Bieber.
Presión
La industria de la construcción generaría 7,2% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB) en 2021 con un crecimiento proyectado por el Banco Central del Paraguay de 5,5%. La actividad del sector representa solo el 3% de la cartera total del sistema financiero, por lo que considerando su participación en la generación del PIB, todavía hay un margen para la canalización de fondos a través de la financiación.
En el marco de los esfuerzos para conseguir financiamiento, la Capaco cerró un acuerdo con el banco GNB, que reconocerá como garantía los certificados de obras y otros documentos otorgados por fiscalizadoras y el MOPC a las constructoras, como reconocimiento de deudas.
“Están dispuestos a tomar los certificados y dar hasta el 80% de ese valor a un interés. Quien tenga un certificado de trabajo ya realizado debe llevarlo al ministerio para que lo reconozca; con eso uno va al banco, quien lo toma y otorga un crédito a un año”, indicó el constructor.
Pero hay un problema, advierte Bieber. “El préstamo tiene un costo en promedio del 7%, lo que quiere decir que uno trabaja a pérdida directamente. Las constructoras tienen una rentabilidad final del 5% y en casos como este en los que se tiene que pagar el 7%, ahí ya se fue toda la ganancia que se podía tener”, reveló.
Los constructores plantearán al ministerio reconocer el interés que las empresas van a tener que pagar para descontar esos certificados, eventualidad contemplada en la ley si el organismo estatal se atrasa más de tres meses en los pagos. “Nunca nomás se efectivizó eso y ahora estamos presionando para que se cumpla”, aseveró Bieber.
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