Durante el ciclo Clima de Negocios del Club de Ejecutivos del Paraguay, los economistas César Barreto y Hugo Royg abordaron cómo se gestiona el gasto público, qué implica una rendición efectiva y cuáles son los desafíos para avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos.
Uno de los ejes centrales del debate giró en torno a la política cambiaria. Si bien no está directamente vinculada a la política fiscal, sí existe una relación con la política monetaria que, especialmente en el último año, ha generado movimientos más abruptos de lo habitual.
“La volatilidad del tipo de cambio, sumada a la incertidumbre fiscal y a la falta de claridad en las políticas de largo plazo, afecta directamente el clima de negocios”, expresó Royg.
Ese escenario impacta en el costo operativo de las empresas y, sobre todo, en el cálculo de los proyectos de inversión. En la práctica, implica que cualquier inversor que evalúe Paraguay deba incorporar un mayor nivel de riesgo en sus proyecciones, lo que termina condicionando la rentabilidad esperada del país como destino.
Cuando los datos no cierran
Otro factor que suma presión es la falta de claridad en la situación fiscal. Royg señaló que el problema no es solo el déficit, sino la incertidumbre sobre su magnitud real. “La percepción se construye a partir de datos, y hoy no hay total claridad sobre los números fiscales”, advirtió, cuestionando incluso la forma en que se registran ciertas obligaciones del Estado. Esto último hace referencia a las deudas que tiene el gobierno con las constructoras y empresas farmacéuticas.
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Esta falta de transparencia distorsiona el debate económico e incrementa la percepción de riesgo país. Y cuando sube el riesgo, sube el costo de hacer negocios.
Respecto a la ausencia de una discusión estratégica de largo plazo, Royg señaló que Paraguay sigue abordando problemas estructurales —como el déficit fiscal o el sistema previsional— con soluciones de corto plazo. “No estamos discutiendo el rol del sector público ni una estrategia de desarrollo, sino parches para problemas coyunturales”, sostuvo.
Esta lógica no solo posterga reformas necesarias, sino que también genera un entorno menos predecible para el sector privado, que necesita reglas claras y sostenibles para planificar inversiones.
¿Se cumplirá la meta fiscal?
Al respecto, Barreto advirtió que el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal será cada vez más complejo en los próximos años. El aumento del gasto estructural ha llevado a un punto en el que, para ajustarse al tope de déficit del 1,5% del PIB establecido por la normativa, sería necesario reducir la inversión pública prácticamente a la mitad de los niveles actuales. “Hoy la inversión pública ronda el 1,4% del PIB, pero con ese nivel el déficit estructural se ubica entre 2,2% y 2,3%, muy por encima del objetivo”, señaló.
En ese sentido, planteó que el país debe abrir una discusión de fondo sobre la propia Ley de Responsabilidad Fiscal: “O dejamos de usarla como instrumento o la ajustamos para que sea compatible con la estructura actual del gasto”, advirtió.
En la misma línea, Royg señaló que las tensiones fiscales no solo son un problema actual, sino que se trasladarán inevitablemente al próximo gobierno. Según explicó, las proyecciones muestran que, incluso en un escenario de crecimiento económico, los recursos no serán suficientes para sostener el nivel de gasto. “En los primeros años del próximo gobierno esta situación se va a sentir con fuerza. Aun creciendo, no alcanza”, sostuvo, al tiempo de señalar que el país está configurando un escenario que podría derivar en aumentos de impuestos.
Royg también alertó sobre un incremento de la presión tributaria efectiva que no necesariamente pasa por reformas explícitas, sino por la incorporación de tasas y regulaciones. En ese sentido, cuestionó ciertos marcos normativos en discusión, señalando que en algunos casos se plantean cobros generalizados sin una contraprestación directa, lo que en la práctica funciona como un impuesto encubierto.
En este contexto, remarcó que la falta de participación activa del sector privado en el debate público permite que estas decisiones se consoliden, perpetuando un esquema de gasto rígido y de baja calidad.
El desafío no pasa únicamente por contener el gasto, sino también por redireccionarlo hacia inversiones estratégicas. “Si el gasto público va a crecer, debería hacerlo con una visión país clara, orientada a mejorar la competitividad, especialmente en áreas como la logística, donde hoy gran parte de los costos recaen sobre el sector privado”, concluyó.
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