Medalla Milagrosa es una de las seis cooperativas que accedió a la garantía del Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy) y al 27 de julio aprobaron créditos por valor de G. 1.787 millones, beneficiando de esa manera a 157 personas del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Cabe resaltar que esta entidad es una de las más grandes del rubro, con 300.000 asociados y sucursales en Asunción, Central, Concepción, Ciudad del Este y Paraguarí.
¿Qué medidas tomaron para dar una mano a sus asociados?
Una de las medidas urgentes que tomamos, desde que salió el decreto presidencial, fue de índole financiera para con los socios. Medalla Milagrosa optó por ayudar a sus asociados condonando intereses y dando la posibilidad de postergar los pagos de obligaciones.
Calculamos que en los últimos meses dejamos de percibir G. 25.000 millones para que los socios aguanten el impacto del COVID-19. Esta medida es importante porque tenemos asociados como el gremio de los transportistas escolares, que no tendrán ingresos en los próximos meses.
¿La flexibilización de la cuarentena se tradujo en una recuperación en los depósitos de los asociados o en el pago de créditos?
Si bien hubo un bajón económico importante, los socios nunca dejaron de acercarse a la cooperativa. Los que podían, iban a nuestras agencias a pagar sus obligaciones, cuidaron sus ahorros y afirmaría que el sector en general no sufrió tanto, si lo comparamos con otros rubros económicos.
¿Cuál es su opinión sobre el Fogapy?
El Fogapy nació mal. Se está tratando de corregir algunas cuestiones en ese esquema financiero, pero realmente no es una ayuda, más bien coarta a las entidades financieras. Si bien es un crédito con garantía de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), en el caso de que un socio de la cooperativa no pague su préstamo, los créditos se dan con fondos propios y dos años de gracia. Como los intereses no pueden ser superiores al 9%, las cooperativas no quieren correr con todo ese riesgo, incluso los bancos se resisten a dar esos créditos.
Como es ese el panorama, las exigencias para aprobar las solicitudes de las empresas y particulares son altas, más aún para las mipymes, que tienen un alto índice de informalidad.
¿Cree que la Ley de Emergencia dejó de lado al sector cooperativista?
Completamente, pero nosotros estamos acostumbrados a que el Gobierno no nos ayude. Esto es así porque somos una competencia para los grandes actores del sistema financiero, entonces, es muy extraño que nos ayuden.
Por otro lado, las cooperativas demostraron su solidaridad cuando a nivel país cruzamos por momentos difíciles. Eso ocurrió con la caída de los bancos, en el 2008 cuando el mundo estuvo en crisis y ahora lo volvimos a demostrar con las medidas que tuvimos con nuestros asociados.
Hace poco se promulgó una ley que dio atribuciones propias de las asambleas a los consejos de administración, ¿esto ayudó a que las cooperativas aceleren sus operaciones?
El Incoop solicitó al Congreso la aprobación y se consiguió legitimar las acciones realizadas en el 2019, como por ejemplo los balances y distribución de excedentes. Hay que aclarar que es el consejo de administración del Incoop el colegiado al cual se le otorgó atribuciones y los consejos de las cooperativas se encargarán de poner a disposición de los asociados las decisiones tomadas durante la pandemia.
¿Las cooperativas trabajan con la Seprelad para crear un reglamento de prevención de lavado?
Las cooperativas siempre se adelantaron en lo que respecta a coordinar líneas con la Seprelad en comparación con otras entidades de intermediación financiera. Asimismo, somos los que menos vinculación tenemos con los casos porque no hacemos transacciones internacionales.
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