Según Ramírez, el gasto público de Paraguay es de baja calidad por dos motivos. El primero, porque es un gasto regresivo, es decir, que beneficia en menor medida a las personas con recursos limitados, y hace lo contrario con personas de más ingresos monetarios. La segunda causa se debe a que los programas sociales son poco eficientes, por ende, tienen bajas tasas de retornos e incluso tienen un limitado impacto en la comunidad.
Sobre el gasto en salarios, remarcó que si bien el 70% de los ingresos tributarios van destinados al pago de honorarios, aclaró que la mayor parte de dichos fondos están dirigidos a profesionales de la salud, de la educación, de seguridad (policías y militares) y a pensiones sociales.
“Sacando todas esas inversiones, el resto de este dinero no representa un número colosal en la estructura de inversión pública. De todos modos, lo que más se discute es que los fondos restantes son destinados a mano de obra no calificada, entonces allí se habla de eficiencia en el gasto. Como el sector público es un todo, el desempeño y los programas no son eficientes, y a esto se suma que el gasto es regresivo”, indicó.
Con respecto a reducir los gastos corrientes, para tener más fondos de inversión, Ramírez consideró que “disminuir la cantidad de funcionarios públicos no es una tarea simple, porque se debe analizar cuáles son los funcionarios prescindibles e introducirlos en un esquema de retiro adecuado, para no crear una crisis social”, subrayó.
“Hay que entender como un todo, que las personas quieran ingresar a trabajar en el sector público, es porque las condiciones del sector privado son complicadas. Los salarios están por debajo del promedio regional y no siempre están acorde a la cantidad de trabajo que realizan. Por otro lado, no hay creación destacada de trabajos de calidad, hay mucha informalidad, entonces todos los factores hacen que las personas luchen por ingresar a trabajar en la función pública”, comentó.
Para Ramírez, la única forma de mejorar la calidad y el volumen de las inversiones es tener un espacio fiscal, que implica no crear nuevos cargos, rescindir de los cargos prescindibles y reducir los gastos operativos de la administración, como viáticos, bonificaciones, viajes.
A su vez, el economista complementó que otra clave es mejorar el sistema de contrataciones públicas para evitar sobrecostos en las contrataciones.
“Paraguay está muy atrasado en cuanto al nivel de infraestructura, comparando con otros países de la región. No se va a poder cerrar la brecha solamente con mejorar la administración de gastos corrientes y gastos de capital, entonces lo que hay que hacer es aumentar la presión tributaria y destinar todos estos ingresos a inversiones. Todos los ingresos deberían estar blindados, para su inversión en sectores prioritarios, y tener una mejor trazabilidad de los gastos”, recomendó.
De acuerdo a Ramírez, “tendremos que aumentar el porcentaje de déficit fiscal. En el 2003 empezamos a invertir con más fuerza en infraestructura y teníamos un nivel de inversión cercano a los US$ 450 millones, mientras que hoy estamos cerca de US$ 620 millones anuales”, recordó.
“Según cálculos del BID, Paraguay debe invertir cerca de US$ 2.500 millones anuales para cerrar la brecha de infraestructura en transporte y logística, agua y saneamiento, telecomunicaciones, salud, energía, viviendas y educación”, declaró.
Alternativas
Ramírez dijo que una vía para el financiamiento de infraestructura es la Alianza Público Privada (APP), por los escasos riesgos que toma el Gobierno y porque los niveles de desempeño en las obras son mejores, e incluso los mantenimientos están a cargo de las empresas adjudicadas por todos los años de concesión.
“Capaz son obras un poco más caras, pero son entregadas a tiempo y no presentan sobrecostos. Encima ahora que el gobierno se encuentra con ciertas restricciones, es decir, que ya no pueden emitir tantos bonos, es una alternativa, porque los mecanismos de financiación a través de organismos multilaterales son lentos, porque tienen sus procedimientos, que tardan bastante tiempo en ser aprobados”, apuntó.
Distribución en la SET
Sobre la distribución de los ingresos por multas en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), señaló que se debería estudiar caso por caso, para saber en qué medida los funcionarios de la institución tuvieron participación en el descubrimiento de los esquemas.
“No sé en qué medida influyó la pericia de los funcionarios en el caso de los González Daher, o si a partir de los escándalos de los audios se estudió el caso como un todo y se dedujo finalmente que hubo una evasión. Particularmente no considero que sea un mérito exclusivo de la SET y por otro lado me parece raro que todos los funcionarios deban cobrar, ya que solo deberían cobrar aquellos que están relacionados al descubrimiento del esquema”, reflexionó.
Por último, expuso que “este incentivo es correcto, y bastante utilizado en muchos países del mundo, y sirve para que el funcionario tenga mayor predisposición para detectar esquemas, y evite caer en sistemas de sobornos o coimas”.
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