Una de ellas es Preforte, que alertó sobre la cancelación, en menos de 24 horas, de la licencia ambiental otorgada por el Mades para una planta de hormigón en Luque, comprometiendo una inversión de US$ 7,5 millones y alrededor de 700 empleos. A esto se sumó Agro Santa Isabel, una firma con más de 30 años en Paraguay, que anunció el inicio del proceso para retirarse del país al sentirse afectada por lo que califican como una “absoluta inseguridad jurídica” que afecta la propiedad privada y el esfuerzo productivo de décadas.
En paralelo, NA Foods SA, de capital brasileño, denunció irregularidades judiciales en procesos en Itapúa y Alto Paraná, que —según su propietario— derivaron en el despojo patrimonial de la compañía. Estos casos reavivan el debate sobre la protección de inversiones y el rol institucional, en un momento en que el país busca atraer capital extranjero y mejorar la percepción internacional sobre su seguridad jurídica.
Para Carlos Codas, socio director de CPA Ferrere un inversionista evalúa diversos aspectos antes de apostar en Paraguay, el primer punto es la garantía de repatriación del capital. Es decir, que si la inversión finalmente no se concreta, el empresario pueda retirar su dinero sin trabas. “Eso no sucede en todos los países. Paraguay brinda esa seguridad, y es una ventaja importante para atraer inversiones”, destacó.
A esto se suma el régimen cambiario libre de intervenciones arbitrarias. El hecho de que el dólar fluctúe de acuerdo a las fuerzas del mercado permite invertir en moneda extranjera con confianza. Además, recordó que desde 1991 los extranjeros cuentan con igualdad jurídica frente a los nacionales, pudiendo constituir sociedades, ser accionistas sin restricciones e incluso asumir roles directivos cuando cuentan con residencia. “Paraguay es reconocido por su estabilidad y por no registrar nacionalizaciones ni expropiaciones conflictivas en los últimos tiempos”, valoró.
Sin embargo, también existe un déficit institucional que pone freno al salto definitivo hacia el grado de inversión. Si bien Paraguay ya tiene esa calificación por parte de Moody’s, aún falta una segunda certificación para que los grandes fondos globales puedan operar con mayor facilidad. “Las calificadoras señalan que el país debe mejorar en institucionalidad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento del Poder Judicial para blindar las inversiones de los vaivenes políticos”, señaló Codas.
Sobre las medidas necesarias, fue categórico: las instituciones valen tanto como las personas que las integran. En ese sentido, planteó la necesidad de revisar los procesos de selección y designación de jueces y altos funcionarios públicos, garantizando idoneidad y protección frente a presiones partidarias. “Las inversiones de los extranjeros están bastante protegidas desde lo teórico y desde lo legalmente establecido. Pero falta trabajar en la ejecución por parte de las instituciones y entidades que tienen que aplicar estas normas”, concluyó.
Un escalón que falta superar
En octubre, Fitch Ratings mejoró la perspectiva de la calificación soberana de Paraguay de “estable” a “positiva”, manteniendo la nota en BB+. El análisis reconoce avances en estabilidad macroeconómica y diversificación productiva, pero advierte que la gobernanza sigue siendo el principal límite para alcanzar el tan esperado grado de inversión.
La calificadora menciona debilidades en el Estado de derecho, controles institucionales y lucha contra la corrupción, ubicando al país en el percentil 36 del índice de gobernanza del Banco Mundial. De acuerdo con Fitch, lograr una mejora sostenida en estas áreas —particularmente en transparencia, funcionamiento del sistema judicial y fortalecimiento institucional— podría conducir a una futura mejora en la calificación crediticia.
Carlos Codas, socio director de CPA Ferrere
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