Proyecto de ley de seguros: sector asegurador insiste en dos puntos de discrepancia y quiere instalar una mesa de trabajo

(Por MV) La modernización del mercado asegurador local ya comenzó su recorrido en el Congreso, pero el proyecto de una nueva ley de seguros todavía mantiene abiertos algunos frentes de discusión. Mientras el Banco Central del Paraguay (BCP) sostiene que la iniciativa busca fortalecer la solvencia y la competitividad, además de alinear al sector con estándares internacionales, las compañías de seguros insisten en que existen dos aspectos que deberían revisarse antes de su aprobación: el tratamiento de las pólizas de caución y el régimen de faltas y sanciones.

El proyecto, presentado por el BCP hace poco más de un mes, pretende reemplazar una normativa vigente desde hace más de dos décadas e incorporar exigencias vinculadas con el gobierno corporativo, la gestión de riesgos, la auditoría, los controles internos y la supervisión basada en riesgos.

Sin embargo, el sector asegurador considera que algunos artículos todavía requieren ajustes.

“Seguimos en la misma línea de siempre. Hay dos puntos con los que no estamos de acuerdo: el tema de las pólizas de caución y el régimen de faltas y sanciones”, explicó a InfoNegocios Juan Pérez, presidente de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (APCS).

Según comentó, tras la presentación del proyecto al Congreso, las aseguradoras mantuvieron reuniones con la comisión legislativa encargada de analizar la iniciativa, con asesores jurídicos de la Presidencia de la República y con autoridades del Banco Central. El objetivo ahora es instalar una mesa técnica para discutir específicamente esos puntos.

“Logramos que posiblemente se convoque a una mesa de trabajo para tratar esos temas y estamos esperando esa convocatoria para poder avanzar”, indicó.

Las principales diferencias

Uno de los cuestionamientos del sector está relacionado con el seguro de caución. El proyecto plantea modificar el tratamiento de este instrumento, una propuesta que las compañías consideran inconveniente y que buscarán revisar durante las negociaciones.

El segundo punto genera aún más preocupación: el nuevo régimen de infracciones y sanciones.

Actualmente, la multa máxima prevista para determinadas infracciones equivale a 1.000 jornales mínimos. El proyecto eleva ese límite a 5.000 salarios mínimos, además de reclasificar numerosas conductas administrativas como faltas graves.

“A nosotros nos preocupa la cuantía de las sanciones. Hay una diferencia demasiado grande y nos parece una barbaridad”, sostuvo Pérez.

También cuestionó que muchas infracciones administrativas pasen automáticamente a considerarse graves.

“Por ejemplo, no presentar un informe en fecha pasa a ser una falta grave. Nosotros creemos que primero debería considerarse una falta leve y, recién después, si persiste el incumplimiento, convertirse en una falta grave”, afirmó.

La posición del Banco Central

Desde el Banco Central del Paraguay, Liana Caballero, miembro del Directorio, reconoció que las principales observaciones formuladas por las aseguradoras se concentran en tres aspectos: el tratamiento del seguro de caución, la clasificación de determinadas infracciones administrativas y el régimen sancionatorio previsto en el proyecto.

No obstante, sostuvo que tanto el BCP como la Superintendencia de Seguros mantienen abiertos espacios de diálogo con el sector para analizar técnicamente cada planteamiento y buscar un marco normativo equilibrado.

“La posición institucional del Banco Central es mantener una apertura permanente al análisis técnico de las propuestas recibidas, procurando alcanzar un marco normativo que fortalezca la solvencia y la competitividad, y proteja adecuadamente a los asegurados”, señaló Caballero.

Caballero agregó que la reforma busca alinear el mercado paraguayo con las mejores prácticas internacionales, especialmente en un contexto en el que Paraguay alcanzó el grado de inversión, lo que exige una evolución del sistema financiero y, por ende, del mercado asegurador. El proyecto también prevé un período de transición para que las compañías implementen gradualmente los nuevos requerimientos en materia de gestión de riesgos, auditoría y controles internos.

La discusión sigue abierta

El BCP reiteró su disposición a analizar las observaciones formuladas por los distintos actores del mercado y recordó que el proyecto fue elaborado durante aproximadamente dos años junto con representantes del sector asegurador.

No obstante, el cronograma legislativo dependerá exclusivamente del Congreso Nacional. Mientras tanto, las aseguradoras esperan que la mesa técnica se concrete antes de que la iniciativa llegue al pleno, con la expectativa de consensuar modificaciones en los artículos más cuestionados.

En paralelo a este debate regulatorio, el mercado asegurador mantiene un buen desempeño. Según estimaciones preliminares del sector, el ejercicio 2025-2026 cerraría con un crecimiento cercano al 10%, aunque las cifras oficiales aún están pendientes de publicación por parte del Banco Central.



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