Según Juan Martens, investigador y director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (Inecip-Py), “las autoridades no explican en qué gastan los recursos destinados a las FTC pero igualmente reciben ampliaciones bastante significativas”. En los registros del Ministerio de Defensa es posible observar que los fondos para gastos reservados para este año fueron de G. 6.000 millones, de los cuales G. 4.000 millones se ejecutaron, quedando un saldo actual de G. 2.000 millones, un movimiento que Martens considera “llamativo porque al ser gastos reservados las FTC no especifican en qué gastan ni tampoco demuestran cuáles son los resultados de tales ejecuciones presupuestarias”.
Continuando, el rubro denominado adquisiciones de equipos militares tuvo G. 9.490 millones de presupuesto inicial, a los cuales se les amplió G. 10.704 millones este año, llegando así a G. 20.194 millones y actualmente poseen un saldo de G. 12.550 millones tras realizar compras de equipos que tampoco están detallados.
“Con lo que se destina a las FTC el Estado podría pagarle a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay camas para terapia intensiva que hoy en día no existen en ninguno de esos departamentos. La vez pasada el Hospital de Itauguá necesitaba equipamiento para salas de terapia intensiva y solicitaban US$ 1 millón y la respuesta fue negativa”, explicó Martens para contrastar el manejo de recursos.
Asimismo, para seguir cruzando recursos destinados a las FTC y otras demandas existentes a nivel social y estructural, se puede tomar los US$ 8,9 millones -aproximadamente- que costaría la equiparación salarial para los docentes de la UNA, que no es otorgada por Hacienda y es un poco más de la mitad de lo que reciben las Fuerzas de Tarea Conjunta. También podrían tomar parte del presupuesto para cubrir los US$ 4,3 millones que costarían las obras complementarias del proyecto de construcción del túnel y rotonda de Tres Bocas o incluso amortizar los US$ 24 millones que costará en total.
Por otro lado, sobre las declaraciones de Mario Abdo Benítez de utilizar a las Fuerzas Armadas (FFAA) para acompañar las tareas de las FTC, Martens lo consideró “legalmente imposible, además las FFAA no están pensadas para atrapar a delincuentes comunes, no se puede usar a los militares para cualquier tipo de problema, esto pasa porque no se tiene una visión global de la política pública”.
Para Martens, lo ideal sería fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad interna, capacitar a los policías, brindarles mayor infraestructura y tecnología. “¿Qué pasaría si se invierte esos US$ 14 millones en la Policía Nacional? No sabemos porque nunca se planteó. No podemos apagar incendios sin tener en cuenta las políticas públicas por las que se rigen nuestras instituciones y que debemos obedecer a los principios de un Estado de derecho”, finalizó.
Tu opinión enriquece este artículo: