¿Se puede hablar del colapso de las cajas de jubilación antes de ajustar el sistema?

(Por Mariabe Galeano) El abogado y exministro de Trabajo, Jorge Bernis, indicó que las proyecciones de colapso de las cajas jubilatorias emitidas por Hacienda y el Instituto de Previsión Social (IPS) no serían la regla, si se opta primeramente por transparentar los sistemas de seguridad social y aumentar las fuentes formales de trabajo. Así también, la presidenta de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, Alhelí Cáceres, resaltó que más que precariedades por subsanar, se trata de revertir una baja cobertura.


 

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“La primera cuestión es comprender lo que es una caja de pensiones, cómo funciona el sistema y qué es la jubilación. En este sentido, cuando hablamos de la jubilación no estamos hablando de otra cosa que no sea el salario diferido de los trabajadores”, afirmó la economista política, Alhelí Cáceres. Dijo que lo urgente es la necesidad de protección social, sin pasar por alto que la sostenibilidad del sistema de pensiones y jubilaciones no puede entenderse sin contemplar vulnerabilidades como la informalidad laboral o el deseo de capitalización individual.

“Esto no es reciente. En la región, en 1999 se planteó la creación de las administradoras de fondos y pensiones jubilatorias, es decir, poner el ahorro en una caja administrada por una empresa. Eso sucedió en Chile y Argentina. En Chile eso fracasó, la gente se jubilaba y en dos o tres años la plata terminaba y el Estado debía volver a invertir en la gente”, recordó Jorge Bernis, sobre el modelo denominado de capitalización. 

Sobre el modelo de reparto solidario del IPS y otras cajas sociales en la que los funcionarios activos aportan por los pasivos, Bernis señaló que existe un tope y mecanismos de sostenibilidad a respetar.

“Problemas como los que se quieren plantear, no existen. Lo que sí existe es una corruptela en el manejo de las cajas”, sentenció Bernis, quien además afirmó que una crisis definitiva de los modelos “no es veraz más allá de la crisis de falta de transparencia”. El abogado consideró que las cajas pueden avanzar mucho más, hacer mejores inversiones, ayudar a la sociedad a generar más puestos de trabajo, etc.

Mientras que Cáceres opinó que el sistema de capitalización individual “barre con la lógica de la obligatoriedad que rige hasta el momento, pues el aporte obrero-patronal al sistema de jubilaciones es obligatorio para todo trabajador que se encuentre en condiciones de dependencia laboral sea en el ámbito privado o estatal, por lo que la capitalización implica quitarle al empleador la obligación de aportar por el trabajador al sistema de jubilaciones”, manifestó.

Factores que las proyecciones no considera
Bernis aseguró que las proyecciones del colapso de las cajas de jubilación no contemplan ciertos factores, siendo uno de estos que en Paraguay no existe excesiva longevidad de las personas, incluso, esto se vería todavía más lejano debido a la cantidad de decesos por COVID-19. “Paraguay es un país con mucha población joven, lejos todavía de jubilarse. Entonces en Paraguay no existe la crisis que se indica”, aseguró.

Para Bernis, el problema real es el aumento de la informalidad. “Se debe castigar la informalidad. El 67% de la población trabaja en la informalidad, no tiene seguro médico, no tributa, no cuenta con RUC. Tenemos casi 500.000 empleados y eso es un problema serio. Eso nos llevará seguramente 10 años en recomponernos”, apuntó.

Cáceres también habló del mismo factor, agregando que el país debería aprovechar su bono demográfico. “El problema no es el financiamiento, el problema de la caja de pensiones en nuestro país tiene que ver con la elevada informalidad del mercado laboral y los niveles de precarización del trabajo y el salario, y, en este orden, del volumen cada vez mayor que alcanza la economía subterránea como proporción del PIB. ¿Por qué? Pues porque el no registro o el subregistro de las actividades laborales representa un problema para el conjunto de la economía. En el año 2019 la economía subterránea (actividades ilícitas e ilegales) representó el 43% del PIB, aproximadamente unos US$ 16.000 millones. En ese sentido, unido a este problema, se encuentra que el país no aprovecha el bono demográfico, con una población mayoritariamente joven, que trabaje en condiciones formales. El financiamiento de la caja de pensiones no sería un problema, es un problema en tanto la informalidad y la precarización de las condiciones laborales se constituye en una problemática que afecta a la población trabajadora del país”, argumentó Cáceres.

Asimismo, Cáceres observó en un punto que muchos de los problemas no se deben tanto a la precariedad sino a la baja cobertura. “Paraguay tiene una baja cobertura que, además, se caracteriza por su precariedad, una de sus debilidades no tiene que ver precisamente con el financiamiento, sino con la baja cobertura, producto de los elevados niveles de informalidad laboral”, puntualizó.

Sobre la sentencia Nº1917
Bernis recordó la sentencia Nº1917 de 2016 que otorga jubilación a 126 marinos con salarios entre G. 60 y 80 millones, una problemática que inestabiliza al IPS, implicando una gran inequidad entre una mayoría de aportantes con salarios inferiores a G. 10 millones. 

Sobre el fallo a favor de los marinos expuso: “No existe coercitividad y abunda la incongruencia, puesto que los marinos no se habrían jubilado ni habrían sufrido daño alguno, el fiscal había recomendado el rechazo de la inconstitucionalidad y no hubo análisis del aporte obrero en 9% y el empresario en 16,5%, que destruye toda argumentación del fallo”.

En relación al fallo, Bernis sentenció: “Aquí hay un fondo común de jubilaciones y pensiones con aporte común de trabajadores y empleadores, y los cálculos actuariales para la tasa de substitución lo realiza el Consejo de Administración, intérprete y contralor del Estado, debiendo fijar topes a los fines de precautelar la composición intergeneracional de las jubilaciones y el equilibrio solidario de los montos a distribuirse. Este fondo común se diferencia de las cajas de ahorro administradas por administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, a la fecha desaparecidas en Argentina y con gran fracaso en Chile. Es importante señalar que estos fondos en caja común deben generar rentas para su sostenibilidad en el tiempo, eso no estudió la Corte, menos el aporte patronal, y que los topes eran de conocimiento de los trabajadores, y tampoco los años que mantuvieron el supuesto alto aporte (seguro que fueron capitanes los últimos tres o cinco años), en estas condiciones similares, Itaipú, Yacyretá y otras crearon sus cajas compensatorias para tener en su pasividad un ingreso más cercano a los altos ingresos en actividad”.

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