Otro de los problemas que enfrentan es el encarecimiento de la materia prima golpeada por la sequía. En este sentido, urge la extensión de la Ley de Emergencia a ser aprobada en la Cámara Alta, que regiría hasta junio.
Con esta ley se evitan despidos mediante la suspensión temporal de funcionarios, que reciben el 50% de su salario mediante el Instituto de Previsión Social (IPS).
Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), expresó que esta temporada la participación de los clientes en los puntos gastronómicos es menor, movidos por la incertidumbre de la nueva variante ómicron. “La situación no es muy auspiciosa; está con un movimiento un poco más bajo incluso que el mismo periodo del año pasado. Estamos con menor venta.”, expuso.
Con relación a las perspectivas del rubro para este año, manifestó que antes del 15 de diciembre la expectativa era levantar las restricciones y protocolos para julio. Pero la realidad los obligó a cambiar de camino, por lo que la recuperación se daría a finales de año. Si en el segundo semestre la coyuntura mejora, las estimaciones son volver al 100% del aforo para fin de año.
“Hoy estamos con el 50% del aforo. Pensamos que a finales del 2022 volveríamos a la normalidad y consideramos que para mediados del 2024 o 2025, tal vez, volveríamos a una situación donde vamos a generar beneficios, porque en este momento estamos endeudados y todos los balances están dando negativo”, subrayó.
Pase sanitario
Al referirse a los protocolos internacionales que exigen carné de vacunación para ingresar a predios gastronómicos y su posible reproducción en el país, señaló que si se adopta el pase sanitario, no se verán afectados, porque el segmento de la clientela que acude a estos espacios en su mayoría es responsable y está vacunada.
“Los clientes responsables en su gran mayoría están vacunados y no va a afectarnos a los que cumplimos con los protocolos porque ese es nuestro perfil de cliente”, dijo.
Pero con esto, el sector informal podría beneficiarse, si no se asumen controles por parte del Gobierno. “Lo que nos va a molestar es que se va a hacer una ley para los que cumplen los protocolos y va a haber del lado de la informalidad gente no vacunada”, se quejó.
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