“Es muy importante que Paraguay establezca el camino por el cual volverá al equilibrio fiscal y que las autoridades sean conscientes de que en dos años no llegaremos de vuelta a un déficit de -1,5% del PIB”, manifestó Goto, quien aclaró que el proceso de institucionalidad fiscal estará estrictamente controlado por el sector privado y observadores externos, por lo que se debe comenzar a dar señales de credibilidad.
Goto indicó que para Ferrere CPA la actual Ley de Responsabilidad Fiscal debería aumentar el tope y a la vez reglamentar de forma más estricta el endeudamiento para garantizar parte de la inversión necesaria para el desarrollo de infraestructura. Cabe recordar que el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0, que está medianamente alineado con la propuesta de la consultora.
Con respecto a la deuda, Goto sostuvo que Paraguay continúa dentro de los márgenes establecidos por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque se debe analizar el ritmo de endeudamiento que, a su criterio, es muy acelerado. “Para Ferrere CPA el ratio de deuda sobre el PIB actual es de 33% aproximadamente y el incremento significativo es consecuencia de la Ley de Emergencia Sanitaria”, enmarcó.
Apunta a los salarios
Para la economista, la mayor debilidad que posee el Estado es el gasto público, aunque considera que Paraguay es un país donde los ingresos están por debajo de lo que se espera recaudar. Entretanto, Goto agregó que, para mejorar el gasto, se podría tomar acciones concretas como por ejemplo la mejor distribución y eficiencia en los salarios. “El principal destino de los recursos del Estado son los salarios y debemos tomar medidas en ese ámbito lo antes posible si queremos observar resultados tangibles a corto plazo”, opinó.
¿De qué sirve disminuir el déficit fiscal?
Consultamos a Goto sobre los beneficios que tendría el país en caso de que logre un mayor fortalecimiento institucional de su política fiscal, a lo que respondió que el resultado principal es la credibilidad que se consolidará frente a las calificadoras de riesgo. “Si llegamos a conseguir la calificación de grado de inversión, el financiamiento que podríamos obtener sería fundamental para la recuperación económica. Aparte nos volveríamos más atractivos para la inversión extranjera”, finalizó.
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