La información que durante décadas estuvo distribuida entre distintas dependencias comienza a concentrarse en una sola fuente digital. El Registro Unificado Nacional (RUN) presentó el Certificado Catastro Registral Inmobiliario Digital, una herramienta que integra información catastral y registral de los inmuebles y busca aportar mayor certeza a propietarios, compradores, empresas, inversores y entidades que intervienen en operaciones vinculadas a la tierra.
El nuevo certificado permitirá consultar, mediante un único documento digital, datos que anteriormente debían ser obtenidos y contrastados en diferentes áreas. La herramienta identifica al inmueble mediante un Código Único de Identificación Catastral Registral e incorpora sus dimensiones, límites y superficie, además del estado del dominio, restricciones y eventuales superposiciones con otros títulos registrados.
Para el mundo de los negocios, el cambio tiene una implicancia concreta: concentrar en un solo instrumento información clave para conocer la situación física y jurídica de un activo antes de comprarlo, venderlo, desarrollarlo o utilizarlo como respaldo de una operación.
Durante la presentación, el presidente Santiago Peña destacó que uno de los cambios centrales de la reforma es la utilización progresiva de un código único para individualizar cada inmueble y vincular su información física y jurídica.
La herramienta busca terminar con una situación en la que un mismo inmueble podía tener diferentes referencias dependiendo de la base de datos o dependencia consultada.
Con el nuevo esquema, la información de catastro, registro y mensura puede comenzar a converger alrededor de una misma identificación.
Esto adquiere relevancia para el mercado inmobiliario, donde la certeza sobre la titularidad, las dimensiones, las restricciones y las posibles superposiciones de una propiedad forma parte de la información necesaria para avanzar en una operación.
La transformación digital también deja en evidencia la magnitud del desafío. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, anunció que desde el 1 de octubre comenzará una nueva etapa del proceso de digitalización de los títulos.
Según explicó, actualmente ya se encuentra digitalizada una parte importante de la documentación existente, pero el proceso contempla un universo aproximado de 70 millones de hojas, además de la incorporación progresiva de la firma digital.
El volumen da una dimensión del proceso que implica pasar de archivos históricos y documentación física a una estructura digital integrada.
La apuesta no se limita, por tanto, a emitir un nuevo certificado. El objetivo es construir progresivamente una base de información inmobiliaria que sea más accesible, trazable y consistente.
Una de las principales ventajas potenciales del nuevo esquema está relacionada con el tiempo y la previsibilidad de las operaciones.
Anteriormente, obtener una visión completa de la situación de un inmueble podía requerir consultar distintas dependencias y contrastar información. Ahora, el certificado busca reunir esos datos en un único instrumento público digital.
Para propietarios y compradores, esto puede facilitar la verificación de un activo. Para escribanos y abogados, supone contar con información integrada para sus procesos. Para empresas, desarrolladores y entidades financieras, disponer de datos más completos sobre un inmueble puede ser relevante antes de estructurar operaciones que involucren propiedades.
El alcance económico de la herramienta está precisamente en esa reducción de la fragmentación: la información sobre el activo comienza a seguir al inmueble en lugar de quedar dispersa entre diferentes oficinas y registros.
Desde el Gobierno remarcaron que el certificado constituye un hito dentro de una implementación progresiva del RUN y no el final de la reforma.
Entre los desafíos pendientes se encuentran el catastro de los inmuebles del país, la depuración de archivos históricos, la resolución de eventuales superposiciones de títulos y la capacitación de funcionarios, profesionales y ciudadanos.
La Ley N.º 7424/2025 establece la integración de las funciones registrales y catastrales bajo el RUN y dispone la incorporación progresiva del código único para la identificación física y jurídica de cada inmueble.
La meta es que la información de una propiedad pueda converger en una única fuente, reduciendo la dispersión y mejorando la trazabilidad.
En términos económicos, el cambio apunta a un activo fundamental: la certeza sobre la propiedad. Una mayor integración de la información puede facilitar los procesos relacionados con la tierra y aportar previsibilidad a operaciones de compraventa, inversión y financiamiento.
El propio Peña remarcó que lo presentado constituye “un hito”, pero no la culminación del proceso. El desafío ahora será llevar esa integración desde el certificado digital hacia el universo completo de propiedades y documentación que todavía debe ser procesado.
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