La comunicación de la suspensión la dio el propio intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez en la mañana del miércoles, tras el creciente número de críticas por parte de usuarios del estacionamiento.
Lo último que ocurrió, antes de que el ejecutivo municipal tome esa decisión, fue la convocatoria hecha por la Comisión Permanente de la Junta Municipal de Asunción a los representantes de Parxin y las fiscalizaciones realizadas por la Secretaría Nacional de Defensa al Consumidor (Sedeco) a las áreas de implementación, donde confirmaron que muchos usuarios no pudieron pagar el servicio a través de la aplicación.
Según Parxin, en un comunicado a través de sus redes sociales, su plataforma cuenta con 32.000 usuarios registrados. Además, informaron que los inconvenientes experimentados “estuvieron relacionados con dificultades en la fusión con plataformas de pago y facturación, siendo estos originados por la integración de software de proveedores externos a nuestra plataforma”.
“Estuve forzado hacer correr la concesión del estacionamiento tarifado, esto viene de otras administraciones y por un fallo judicial, tuvimos que llevar a cabo la implementación”, señaló Rodríguez. Esa posición del intendente fue expuesta desde que este 2 de enero, fecha en la que finalmente se puso en marcha el servicio tarifado.
Aunque Rodríguez tomó la decisión antes de que Parxin vaya a la Junta Municipal, el asesor legal del consorcio, Pedro Britos se reunió con los concejales para hablar de los ajustes necesarios para que el estacionamiento funcione. “No hubo incumplimiento de contrato, lo que sí tuvimos fueron contratiempos con la aplicación móvil y con la posibilidad de emitir factura con RUC para los que contraten el servicio”, señaló Britos.
Según el asesor legal del consorcio, todos los procesos de concesión demoran en adecuarse y que “es normal que existan fallas al inicio de la implementación”.
Por otra parte, durante los siete días que estuvo vigente el estacionamiento tarifado, los cuidacoches que no ingresaron como empleados de Parxin siguieron cobrando en zonas como el Mercado Municipal N°4, algo confirmado por el jefe de gabinete de la Intendencia, Nelson Mora.
Aparte de esos contratiempos, las críticas a las tarifas también estuvieron presentes. Sobre este tema, Britos expresó que la empresa no tiene potestad para fijar los precios. “Todo lo que tenga que ver con los cobros y las áreas de influencia no están siendo impuestas por el consorcio, esos parámetros los determina la Municipalidad de Asunción, ejecutivo y la junta”, aclaró.
Comercios gastronómicos
Gremios como la Federación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), a través de su titular, Luis Tavella, indicó que los precios para el estacionamiento eran completamente inviables para los clientes de emprendimientos que hoy están ubicados en el barrio Las Mercedes y Carmelitas. Principalmente, las empresas gastronómicas son las que saldrían perdiendo si se retoma el cobro del estacionamiento tarifado, debido a que en esas áreas la vigencia de servicio se extiende hasta la noche.
Mientras que la chef Eugenia Aquino, copropietaria de Superpan, ubicado en barrio Recoleta, indicó a NPY, que en la primera semana de implementación experimentaron un 30% menos de facturación.
¿Suprimir la concesión?
En la semana la posibilidad de rescindirle el contrato a Parxin volvió a barajarse. La ministra de la Sedeco, Sara Delia Irún, expresó a ABC Cardinal AM que, si el consorcio no cumplía con el acuerdo con la Municipalidad de Asunción, podría ser apercibida, sancionada e incluso desvinculada del servicio que se le fue adjudicado.
También se pronunció en el mismo sentido el edil liberal Humberto Blasco, quien desde que inició la idea de tarifar el estacionamiento, apoyó que sea por la vía de la concesión a un privado. El concejal señaló que el contrato cuenta con una “cláusula gatillo”, que puede utilizarse para terminarlo si no se cumple con lo establecido en el pliego de bases y condiciones.
Según información de la Dirección Jurídica de la Intendencia, el riesgo de rescindir el contrato a Parxin es caer en un nuevo arbitraje en el que la comuna puede perder y tendrá que pagar US$ 5 millones. En la actualidad, la administración de Rodríguez no dispone de recursos genuinos e incluso está pagando a funcionarios con deuda adquirida vía emisión de bonos.
No obstante, el contrato posee cuestionamientos desde distintos sectores políticos, incluso del mismo partido de gobierno, por la transferencia accionaria que hizo una de las empresas que ganó la licitación a otra que no concursó. El diputado Daniel Centurión, horas después de la suspensión del estacionamiento, presentó formalmente a la Contraloría General de la República una denuncia para que audite el contrato entre la municipalidad y Parxin.
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