“Este jueves 14, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) tendrá los resultados de la investigación de oficio, y determinará si la licitación continúa con las mismas bases y condiciones, o si se modifican”, afirmó Pablo Seitz, director de la DNCP.
Como en todos los procesos licitatorios, según Seitz, el pliego de bases y condiciones fue colocado en el portal de la DNCP. Al tratarse de una licitación internacional, el anuncio estuvo por 40 días en la página, “hasta que la firma Smartmatic reclamó que el concurso estaba orientado a una empresa en particular, impidiendo así la libre competencia”, agregó Seitz.
“Entonces, la DNCP abrió la protesta, –que es el procedimiento a través del cual se objeta el pliego de bases y condiciones–, y la DNCP funge de juez. Dos días después de abrir la protesta, aparte de contestar la misma, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que la empresa protestante presentó ofertas en el proceso licitatorio. Es contradictorio, porque no podés presentar una protesta contra el pliego, y a la vez presentar ofertas, por ende, cerramos la protesta sin analizar el fondo de la cuestión”, explicó Seitz.
Y al ser un tema sensible, la DNCP utilizó una de sus herramientas disponibles, que es la investigación de oficio. “Se abrió una investigación en base a los diversos artículos periodísticos que sugerían el direccionamiento de la contratación y un potencial sobreprecio en la transacción”, reconoció el director.
“El miércoles pasado, cuando abrimos el proceso de investigación, ya existían dos ofertas presentadas, entonces coordinamos la suspensión del procedimiento. Esto no significa que se cancela el llamado o que se deja de contratar. Simplemente que se congela el proceso a las resultas de la investigación”, aclaró el titular.
La DNCP se comprometió a investigar a fondo, declaró Seitz, por eso tendrán la conclusión de la investigación este jueves 14, de manera a no comprometer el cronograma de las elecciones municipales 2020, y por la alta sensibilidad del tema, puntualizó.
Ese día se determinará si debe corregirse el pliego de bases y condiciones para continuar con el proceso, o si puede persistir el mismo.
“Es necesario resaltar que no existió ni existe ningún tipo de injerencia jerárquica o política en las decisiones que tomamos en la DNCP”, resaltó Seitz.
El arrendamiento incluye 15.000 urnas electrónicas, por un valor de G. 138.460 millones (cerca de US$ 22 millones).
¿Es seguro el voto electrónico?
Marcelo Elizeche Landó, especialista en seguridad informática, mencionó que uno de los temas centrales reside en que se presentó al voto electrónico como único elemento para el desbloqueo de listas, no obstante experiencias internacionales muestran lo contrario a su criterio.
“Hay formas de aplicar la tecnología en las elecciones, pero sin descuidar garantías constitucionales como el secreto y la integridad del voto”, subrayó Elizeche.
Según Elizeche, países como Austria, Dinamarca, Finlandia, Holanda e Irlanda han utilizado sistemas de urnas electrónicas en sus elecciones, pero retornaron a las papeletas convencionales, por la seguridad que brinda este proceso.
“Terminaron volviendo al papel, no necesariamente porque existió una denuncia de fraude o algo similar, sino porque no se podía garantizar el 100% del secreto del voto o la integridad del voto”, aseguró Elizeche.
Para Elizeche, una alternativa a las urnas electrónicas puede ser la utilización de boletas marcadas por el votante, e implementar la tecnología en el conteo de votos, con escáneres ópticos. Entonces, la tecnología se aplica en el conteo, que generalmente debe tener un control más exhaustivo para evitar errores o fraudes, remarcó el especialista informático.
Además, teniendo en cuenta el escenario local, “las dos empresas que se presentaron a este proceso licitatorio pretenden utilizar formatos QR o RFID, que no son opciones que se caracterizan por su absoluta seguridad”, consideró Elizeche.
Asimismo, Elizeche expresó que si el código fuente solamente puede ser auditado por miembros del TSJE y representantes de partidos políticos, se limita a un grupo de personas la puesta de en marcha de un proceso bastante complejo, y tanto expertos en distintas áreas de informática y la ciudadanía en general es excluida del asunto.
Sobre el monto que se invertirá –cerca de US$ 22 millones–, manifestó: "Con ese monto se podría hacer incluso auditorías internacionales abiertas. Escuché a ciertos expertos mencionar que con el 1% de ese monto, se podría crear un programa internacional para que especialistas hagan la auditoría”.
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