Uno de los aspectos más destacados de estos acuerdos es la creación de una cuota arancelaria de 80.000 toneladas para la carne bovina. Asimismo, las exportaciones de acero y aluminio, que anteriormente estaban sujetas a los aranceles de la sección 232, quedarán bajo un cupo con derechos de importación casi nulos, replicando el esquema vigente entre 2018 y 2019, cuyo tope anual era de 180.000 toneladas. Esta es una concesión crucial, considerando que hasta la fecha estos productos enfrentaban aranceles que podían alcanzar el 50%, una barrera que limitaba sustancialmente su competitividad en el mercado estadounidense.
Paraguay, que durante la primera administración Trump se vio beneficiado con una reducción de los aranceles a su carne a alrededor del 10%, enfrenta ahora un escenario más complejo. Tras superar el volumen de exportación libre de aranceles que comparte con otros países, la nación guaraní comenzó a pagar una tasa del 26%, a la que ahora se le suma nuevamente el 10%. Esta situación encarece de manera considerable el ingreso de la carne paraguaya al mercado estadounidense, y nuestro país no obtuvo los beneficios concedidos a los cuatro países mencionados por el Departamento de Estado.
No obstante, la naturaleza de estos acuerdos generó críticas desde el análisis económico. Hernán Letcher, economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), argumentó que, si bien se presentan como un marco para concesiones recíprocas, en la práctica son “sumamente desbalanceados y asimétricos”. La crítica central radica en que solo los países latinoamericanos asumen compromisos vinculantes en el presente, orientados a un futuro acuerdo bilateral, mientras que las ventajas para Estados Unidos son inmediatas y concretas.
Para Letcher, los acuerdos conllevan riesgos específicos y sustanciales. La diferencia de productividad, especialmente en el segmento industrial, coloca a estos países en una posición vulnerable. La apertura indiscriminada al ingreso de bienes de capital, automóviles, medicamentos y otros productos industriales estadounidenses, pactada sin realizar análisis sectoriales ni consultas previas, significa un impacto negativo casi automático sobre su aparato productivo local.
Además, a Letcher le resulta llamativo que el texto del marco acordado con Argentina sea similar al de países como El Salvador, Ecuador y Guatemala, naciones que carecen del desarrollo industrial relativo que sí posee la economía argentina.
Un punto de extrema sensibilidad en el caso argentino es la adopción de normas estadounidenses para el comercio local en áreas críticas como los productos farmacéuticos y alimenticios. El compromiso de seguir los estándares técnicos y regulatorios de Estados Unidos en una amplia gama de sectores, muchas veces a expensas de los propios, otorga una prioridad de acceso absoluta a los productores norteamericanos. Esto no solo puede afectar la soberanía regulatoria del país, sino también desplazar a los productores locales, que deberán adaptarse forzosamente a normativas foráneas.
Contexto
Actualmente, una comitiva de congresistas paraguayos, junto al ministro de Urbanismo y el embajador de Paraguay en Estados Unidos, está recorriendo el país del norte. Estos legisladores y autoridades buscan cerrar acuerdos beneficiosos no solo en seguridad, sino también en financiamiento y comercio.
Tu opinión enriquece este artículo: