En conversación con InfoNegocios, Walter Jara, miembro de la Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino, explicó que el conflicto se origina en una ordenanza aprobada por la Junta Municipal en marzo de este año, mediante la cual se ampliaba el período de funcionamiento de las discotecas hasta febrero de 2026. Sin embargo, dicha normativa nunca fue promulgada por el intendente, quien —según Jara— optó por “cajonearla” al manifestar su desacuerdo con la continuidad de estos locales en el predio del anfiteatro.
“La Cámara intentó en varias ocasiones dialogar con el intendente y buscar una salida negociada”, señaló Jara. El planteo del sector no apuntaba a una habilitación indefinida, sino a ganar tiempo para trabajar durante 2025 en la identificación de un nuevo espacio que reúna condiciones mínimas de infraestructura. “No se puede trasladar una actividad que convoca a miles de jóvenes a un lugar inhóspito, sin agua potable, sin energía eléctrica ni seguridad”, remarcó.
El conflicto se reactivó en noviembre, cuando la Junta Municipal volvió a ratificar su postura e instó nuevamente a firmar los contratos correspondientes. Posteriormente, ya en diciembre, se aprobó una nueva ordenanza que permitía el funcionamiento de las discotecas. Esta vez, el intendente sí vetó la medida.
El intento de la Junta por rechazar ese veto quedó trunco. Según Jara, la sesión clave no logró quórum. “Lo que ocurrió es que directamente no hubo quórum. Desde la Cámara entendemos que hubo una maniobra deliberada, ya que el intendente tiene mayoría e influencia incluso sobre sectores de la oposición”, sostuvo.
El resultado es concreto: las cinco discotecas de la zona del anfiteatro no abrirán esta temporada, pese a tratarse de locales que llevan más de una década operando en el lugar y que realizaron importantes inversiones en infraestructura. “Estas discotecas tienen pozo de agua, conexión eléctrica, generadores y estacionamientos. No son emprendimientos improvisados”, subrayó.
El impacto económico ya se siente. Jara advirtió que grandes marcas que solían firmar contratos comerciales con las discotecas decidieron no desembarcar este verano. “Empresas de comida rápida, inversiones publicitarias, cartelería… muchas ya no vinieron”, explicó.
Paradójicamente, la decisión también afecta a las finanzas municipales. De acuerdo con datos de la Cámara, cada discoteca aporta entre G. 80 y 100 millones en concepto de cánones y tasas. “Estamos hablando de entre G. 400 y 500 millones que la Municipalidad deja de percibir, mientras al mismo tiempo tuvo que pedir un préstamo de G. 700 millones para pagar salarios”, cuestionó.
El efecto dominó alcanza al sector hotelero e inmobiliario. “A esta altura del año, en temporadas anteriores, las reservas ya estaban agotadas. Hoy hay hoteles y posadas sin una sola reserva confirmada”, indicó Jara. Lo mismo ocurre con viviendas de alquiler temporario: propietarios que antes alquilaban varias casas hoy no logran cerrar ningún contrato.
Para Jara, el trasfondo del conflicto expone un retroceso en la planificación urbana. Recordó que años atrás las discotecas fueron trasladadas al anfiteatro justamente para descongestionar el casco urbano. “Hoy se habla de retroceso. Hay intereses inmobiliarios muy fuertes y propietarios ligados al poder que terminaron imponiéndose”, afirmó.
Mientras tanto, San Bernardino enfrenta una temporada marcada por la improvisación y la incertidumbre, con un impacto directo sobre el turismo, el empleo y la economía local.
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