La APP es un mecanismo mediante el cual una empresa privada financia la construcción de obras públicas y cobra a los usuarios una tasa o tarifa durante un tiempo determinado para recuperar su inversión, tras lo cual el Estado asume la administración de la obra.
El analista económico y consultor, Stan Canova, manifestó que le parece correcto que se haya incluido en el nuevo proyecto de ley la posibilidad de recurrir a fideicomisos para estructurar los programas de inversión. “Estos se estarían abriendo en la AFD y en el BNF. Sin embargo, algo que debería tenerse en cuenta es que, al momento de hacer concesiones, se debe controlar bien a las empresas para que no tengan antecedentes negativos en proyectos en otros países”, opinó.
Canova añadió que el rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es fundamental para que funcione un proyecto vía APP. También señaló que, lamentablemente, con la ley inicial no se lograron realizar obras importantes para modernizar la infraestructura de Paraguay.
“Se desinformó mucho al respecto; se dijo que la APP es una venta de bienes del Estado, y no es así”, recordó. Como recomendación, indicó que sería útil que las controversias entre la empresa y el Estado se resuelvan vía arbitraje, un mecanismo que, en su opinión, es poco conocido pero efectivo para solucionar conflictos.
La ley, desde su vigencia, recibió fuertes críticas, entre ellas las del ingeniero Hermann Pankow, uno de los denunciantes de los proyectos fallidos bajo el modelo de APP, como el Metrobús, una inversión que terminó en arbitraje comercial con la firma portuguesa Mota-Engil. Pankow señaló que la propuesta actual no solo perpetúa algunos problemas de la ley vigente, sino que “los amplía, poniendo en riesgo la transparencia y la economía nacional”, aseguró.
Según Pankow, uno de los principales problemas es que el proyecto de Peña sigue evitando el control del Congreso para autorizar deudas que, de acuerdo con el artículo 202 de la Constitución Nacional (CN), son atribución exclusiva del Legislativo. "Eluden de nuevo al Congreso para endeudar al país. La ley actual ya hacía lo mismo, y esta va más allá al permitir un aumento de hasta el 30% en contratos por acuerdo entre partes, cuando la Ley de Contrataciones solo permite un 20%", criticó.
Asimismo, el ingeniero expuso que la ley permitiría la participación simultánea de empresas con vínculos comerciales en diferentes ofertas, lo que, según él, “representa un alto riesgo de simulación de competencia. Formalizan la concesión de más dominios públicos, incluyendo ríos, algo que es inconstitucional porque solo se puede concesionar el dominio privado. Esto incluye rutas, puentes y ríos, que son de dominio público según el artículo 178 de la CN", subrayó Pankow.
La crítica también abarca la falta de claridad en torno a los peajes, que actualmente se establecen por decreto sin intervención legislativa, lo que, según Pankow, vulnera los artículos 179 y 44 de la CN. "No se especifica qué porcentaje de los peajes es cubierto por impuestos y cuánto por el usuario. Esto constituye un doble tributo y viola el artículo 180, que establece que no se puede cobrar un tributo sin considerar la capacidad del contribuyente", explicó.
A diferencia de Canova, Pankow sostuvo que la inclusión del arbitraje como método de resolución de disputas no es viable e incluso es inconstitucional. Pankow afirmó que este mecanismo contradice el artículo 248 de la CN, que solo permite el arbitraje en contratos privados. "El Estado ya perdió casos en arbitraje por contratos direccionados, como los de la ITV, Parxin y el propio Metrobús. Esta ley solo profundiza la vulnerabilidad del Estado", concluyó.
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