Este desempeño fue destacado por Juan José Galeano, ministro asesor de la Presidencia para asuntos económicos y sociales, quien en entrevista con InfoNegocios subrayó que el actual ciclo expansivo no se explica por un solo motor. Según explicó, el crecimiento se dio de manera relativamente homogénea, impulsado por el consumo privado, que avanzó alrededor del 5%, y por una fuerte recuperación de la inversión privada, con una expansión cercana al 13%. Este contexto permitió, además, una mejora en el mercado laboral, con una tasa de desempleo del 4,9% al tercer trimestre de 2025 y un repunte del empleo formal.
Sin embargo, el buen desempeño macroeconómico convive con un escenario más ajustado en materia de recursos fiscales, especialmente por la caída de los ingresos provenientes de las binacionales. En 2025, Paraguay recibió aproximadamente US$ 158 millones menos que en 2024 por transferencias de Itaipú y Yacyretá. Esta reducción respondió a una combinación de factores, entre ellos una menor generación de energía, un mayor consumo interno y la apreciación del guaraní frente al dólar, que redujo el valor en moneda extranjera de esos ingresos.
Este contexto fue uno de los ejes analizados en la primera reunión del Gabinete Social de 2026, que contó con la participación de los titulares de las 30 instituciones del Poder Ejecutivo y fue liderada por el presidente Santiago Peña. En ese encuentro, el Gobierno ratificó la decisión de sostener las políticas sociales y productivas, aun en un escenario de menores recursos binacionales, y de reforzar la coordinación interinstitucional para maximizar el impacto de cada programa.
Desde el Ejecutivo se remarcó que el foco de las acciones públicas estará puesto tanto en los sectores más vulnerables como en la clase media, considerada un segmento clave para la estabilidad social y el dinamismo económico. Entre los ejes priorizados se encuentran el acceso al empleo formal, la vivienda, la salud, el transporte público, el control de precios y el acceso al crédito. La consigna, según insistieron las autoridades, es lograr que el crecimiento macroeconómico se traduzca efectivamente en mejoras palpables en la vida cotidiana de las familias.
En materia de vivienda, uno de los datos destacados es que en los últimos dos años se gestionaron cerca de 43.000 soluciones habitacionales, una cifra que supera ampliamente el total alcanzado durante el quinquenio anterior. A esto se suma el avance de la reforma del transporte público, cuya ley ya fue promulgada y actualmente se encuentra en proceso de reglamentación. El objetivo es mejorar la calidad del servicio no solo en el área metropolitana, sino también en el interior del país, con un impacto directo en los costos y tiempos de traslado.
Otro eje central es el acceso al financiamiento, especialmente para la agricultura familiar y las mipymes. Estos sectores concentran cerca de ocho de cada diez puestos de trabajo y más del 90% de las empresas del país, por lo que su desempeño resulta clave para sostener el crecimiento y el empleo. Desde el Gobierno se destacó el rol del Banco Nacional de Fomento y de los programas de crédito productivo orientados a dinamizar la economía local, fortalecer la formalización y acompañar a los pequeños productores y emprendedores.
En el ámbito productivo y social, las autoridades también resaltaron el impacto del programa Hambre Cero y de la compra pública de alimentos a productores locales. Solo en 2025, la agricultura familiar generó ventas por más de US$ 50 millones, mientras que las mipymes vinculadas al programa alcanzaron ingresos cercanos a US$ 30 millones. Este esquema no solo fortaleció la seguridad alimentaria, sino que también incentivó el retorno de jóvenes al campo y promovió una producción más sostenible y organizada.
Pese a la caída de los ingresos binacionales, el Gobierno aseguró que los recursos para programas prioritarios están garantizados mediante una combinación de fondos de Itaipú y del Tesoro. No obstante, Galeano advirtió que la reducción de estas transferencias impacta de manera directa en gobernaciones y municipios, que proyectan sus presupuestos en función de esos ingresos. Por ello, el Ejecutivo mantiene un monitoreo constante de las variables macroeconómicas y climáticas para ajustar sus proyecciones a lo largo del año.
De cara al 2026, el Gabinete Social adelantó que presentará un plan interinstitucional de acción que funcionará como hoja de ruta y permitirá evaluar periódicamente los compromisos asumidos. La apuesta oficial es sostener la inversión social y productiva, con un fuerte anclaje territorial, para amortiguar los efectos de un contexto externo más desafiante y asegurar que el crecimiento económico no quede solo en los indicadores, sino que llegue de manera efectiva al bolsillo de los paraguayos.
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