La infraestructura necesita algo más que presupuesto y voluntad política: requiere continuidad entre gobiernos, mecanismos de financiamiento de largo plazo y capacidad para resolver los conflictos que mantienen paralizadas las obras. Esa fue una de las principales ideas que dejó el expresidente de Colombia Iván Duque durante su paso por La Gran Noche Capaco, donde ofreció una conferencia magistral titulada “Paraguay: construyendo el próximo salto de desarrollo”, en la cual relató su experiencia de gestión y las herramientas que considera relevantes para acelerar los proyectos en Paraguay.
En entrevista con InfoNegocios, Duque evitó presentar la experiencia colombiana como un modelo que deba copiarse sin matices. “Yo no creo que el tema sea aprender, eso sería arrogante. Yo creo que hay experiencias nuestras que las hemos compartido acá”, señaló. Entre ellas, puso el foco en la necesidad de convertir la infraestructura en una política de Estado, capaz de trascender los períodos presidenciales.
Para el exmandatario, esa continuidad debe estar acompañada de una conducción política al más alto nivel, creatividad financiera, flexibilidad fiscal para acelerar inversiones y una mayor participación del sector privado. También mencionó el papel de los fondos internacionales y de la banca multilateral, además de mecanismos como la titularización de proyectos, que pueden facilitar la entrada de inversores.
“Fundamentalmente la infraestructura tiene que ser una política de Estado”, insistió.
Uno de los desafíos que identificó Duque es ampliar las fuentes de financiamiento para sostener inversiones que requieren años de ejecución. Recordó que Colombia destinaba alrededor del 2% de su producto interno bruto (PIB) a infraestructura durante los años noventa y comienzos de este siglo, un nivel que consideraba insuficiente para sostener un crecimiento económico de largo plazo.
Según explicó, el país necesitaba elevar esa inversión al 3%, 4% o incluso 5% del PIB. Para alcanzar esos niveles, no bastaba con aumentar los recursos públicos: era necesario desarrollar mercados de capitales, atraer fondos internacionales, recurrir a organismos multilaterales y ampliar el uso de concesiones y alianzas público-privadas (APP).
La experiencia colombiana con las concesiones de cuarta generación fue uno de los casos que presentó. De los 29 proyectos adjudicados alrededor de 2015, 27 estaban afectados por litigios o conflictos cuando asumió la presidencia en 2018.
En lugar de abandonar iniciativas heredadas de una administración anterior, su gobierno optó por negociar para destrabar los contratos. De acuerdo con los resultados que expuso, logró reactivar los 27 proyectos y concluir más de 20.
Duque también explicó que algunas obras que ya estaban en funcionamiento pudieron venderse posteriormente a fondos de capital internacional. Esta operación permitió movilizar recursos y generar espacio financiero para impulsar nuevos proyectos.
El caso ilustra una de las ideas centrales de su planteamiento: la continuidad de las inversiones y la búsqueda de nuevas fuentes de capital son tan importantes como la adjudicación inicial de una obra.
Para mostrar el impacto de la infraestructura más allá de la construcción, Duque recurrió al Túnel de La Línea, en Colombia. Con 9,7 kilómetros de extensión, el proyecto atravesó décadas de dificultades antes de su habilitación en julio de 2020.
Cuando llegó al gobierno, en 2018, la obra llevaba más de diez años de ejecución y registraba un avance del 45%, según relató. Durante su administración se completaron los trabajos pendientes y el túnel entró en funcionamiento en plena pandemia.
La nueva conexión redujo en más de cuatro horas el tiempo necesario para atravesar la cordillera central colombiana. Además de mejorar el tránsito, Duque destacó sus efectos sobre el turismo en el eje cafetero y la actividad económica de la región.
“Es un ejemplo para cerrar brechas sociales y dinamizar crecimiento estructural regional”, afirmó.
El ejemplo permite entender por qué el exmandatario considera que las obras deben evaluarse por sus efectos sobre la vida de las personas y la economía, y no solamente por el monto invertido o la infraestructura inaugurada. Una conexión que reduce tiempos de viaje también puede facilitar el comercio, mejorar la movilidad y ampliar las oportunidades para las regiones.
Otro caso que mencionó fue la transformación del Coliseo El Campín, en Bogotá, mediante una alianza público-privada con una inversión de US$ 20 millones. Según los datos presentados durante su disertación, el recinto llegó a albergar 156 eventos al año.
Previsibilidad para convertir proyectos en obras
La participación privada, sin embargo, necesita condiciones que permitan sostener las inversiones. En su intervención, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, coincidió en la importancia de la previsibilidad y el cumplimiento de los contratos.
Heisecke señaló que los retrasos del Estado en los pagos afectan el capital de trabajo de las constructoras, repercuten en los proveedores y pueden limitar la capacidad de las empresas para invertir y generar empleo. “El Estado debe ser el primero en cumplir sus contratos”, sostuvo.
El dirigente también recordó el peso de la logística para una economía sin litoral marítimo como la paraguaya. Citó estimaciones del BID según las cuales el transporte por carretera representa alrededor del 26% de los costos de exportación del país, mientras que, en corredores mejorados, el costo promedio del transporte en camión puede reducirse a la mitad.
Desde la perspectiva de Duque, el desafío es articular las decisiones políticas, el financiamiento y la participación privada para evitar que proyectos necesarios queden detenidos por disputas o falta de recursos. Para Paraguay, su recomendación no pasa por reproducir automáticamente la experiencia colombiana, sino por aprovechar sus aprendizajes y adaptarlos a las condiciones locales.
La infraestructura, según concluyó el exmandatario, debe responder a objetivos que permanezcan más allá de un mandato presidencial. La continuidad de las obras, la diversificación de las fuentes de financiamiento y la confianza entre el Estado y los inversores son parte de esa ecuación.
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