“Estamos trabajando a fin de que las instituciones del Estado empiecen a firmar los decretos ya por firma digital y no por firma manuscrita, ya comenzó a hacerlo por ejemplo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. En el MIC, los decretos y resoluciones son firmados digitalmente, y en poco tiempo esta herramienta se implementará en la Presidencia de la República. Ya son como 12 instituciones públicas las que en diversos procesos utilizan este procedimiento”, explicó Sotomayor.
La firma digital, según la Ley N° 4017 consiste en la equivalencia funcional con la firma manuscrita, es decir, en la actualidad firmar un documento electrónico por este medio equivale exactamente igual a firmar uno en papel. La firma digital técnicamente radica en cifrar el hash de un documento con la clave privada que el suscriptor mantiene bajo su exclusivo control y la clave pública va en un certificado digital que distribuye anexo al documento.
“Hoy tenemos aproximadamente 14.000 firmas emitidas a personas físicas y jurídicas del país, que las utilizan para diversos trámites como, por ejemplo, para realizar gestiones con Aduanas, con Hacienda. También existen empresas privadas que la usan para su manejo interno, entre otras aplicaciones”, comentó Sotomayor.
Según el director, cada entidad del Gobierno emplea el procedimiento para diferentes gestiones y según sus resoluciones. Agregó, además, que sus beneficios se basan en la reducción de costos al ser innecesario la compra de ciertos elementos, igualmente para el traslado y resguardo de la documentación, la rapidez en los procesos y por último el cuidado del ambiente al disminuir el uso del papel.
Con respecto a la seguridad expresó que “la principal ventaja de este método es que una vez que se firma el documento, este adquiere integridad, lo que quiere decir que ya nadie puede modificar su contenido. Si alguien lo intenta, será advertido por el programa, por esta razón ahora también estamos utilizando la factura electrónica, que empezó su vigencia a fines del año pasado y ya está en estado operativo. Ese proceso utiliza firma digital justamente para garantizar la integridad”.
Para obtener la firma digital hay que acudir ante uno de los tres prestadores de servicios de certificación y habilitados, es decir, empresas privadas que ofrecen el servicio de ventas de certificados digitales por medio de una herramienta tecnológica. Este servicio es ofrecido por: IPSA, Documenta SA y Codeciam SA. El interesado debe acudir a uno de estos lugares, acreditar su identidad y pagar un monto según el tipo de certificado que expida y ya puede utilizarla para cualquier trámite durante el período de validez del certificado.
“Esperamos aumentar la cifra de usuarios, buscamos sumar más gente mediante las implementaciones realizadas, y no solo a entidades públicas sino también al sector privado. Estimamos que para el 2019 llegaremos a 20.000 personas físicas y jurídicas”, finalizó Sotomayor.
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