A través de su cuenta en la red social X, Fernández Valdovinos expresó la semana pasada su posición a favor de la sostenibilidad fiscal como eje rector de su política económica. “Intereses o políticas sectoriales seguirán subordinadas a la ‘regla de oro’ del gobierno: el cumplimiento del déficit fiscal máximo establecido en la LRF”, escribió. El presupuesto nacional establece un tope de déficit del 1,9% del PIB para este año, que deberá reducirse a 1,5% en 2025, en línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El ministro afirmó que “se debe mostrar gestión con estas reglas de juego, no buscar excusas o pretender atacar la clave del éxito económico”, en alusión directa a los reclamos que vienen desde el MOPC.
Justamente, la ministra Claudia Centurión respondió durante una intervención pública que las limitaciones fiscales están frenando la capacidad del Estado de expandir su inversión en infraestructura. “Hoy tenemos un elemento que nos impide, creo yo, poder dar pasos más agigantados en términos de infraestructura. Básicamente, son reglas fiscales que están limitando nuestro propio crecimiento”, expresó.
Centurión sostuvo que incluso con el interés del sector privado en participar mediante alianzas público-privadas (APP), el marco jurídico y los compromisos de largo plazo con recursos públicos terminan trabando los planes. “Los programas de desarrollo terminan comprometiendo recursos estatales a largo plazo, tropezando así con las propias limitaciones presupuestarias del Estado”, explicó.
Desde el sector empresarial, el presidente de la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Bernd Gunther, coincidió en que las restricciones fiscales dejan al país sin margen para sostener un ritmo de inversión pública más acelerado. “La alternativa a renunciar a la inversión directa del Estado siempre es la alianza público-privada; sin embargo, no se tienen tantas experiencias de obras consumadas con ese instrumento”, señaló. Para Gunther, existe algún factor por el que no se observan incentivos para que el empresario invierta en infraestructura al nivel que el Estado, el sector privado y la ciudadanía necesitan.
Pese a ello, destacó que existen proyectos concretos en el área fluvial en la actualidad, donde el sector privado está conforme con las obras del Estado.
Por su parte, el economista Jorge Garicoche consideró que el dilema actual es una oportunidad para repensar las reglas fiscales del país. “Tener reglas fiscales es importante, creo que fundamental para la solidez macroeconómica”, apuntó. No obstante, advirtió que el cumplimiento estricto del déficit no debe recaer exclusivamente sobre el recorte a la inversión pública.
“El debate nos debería invitar a pensar que es momento de diseñar una nueva regla fiscal, donde el sacrificio por cumplirla no sea solo recortar obras. Por acá diría que pasa el tema: es momento de pensar en cómo fortalecer nuestra regla fiscal y a la vez garantizar un plan de desarrollo”, subrayó Garicoche.
El analista también sugirió reactivar el Consejo Fiscal, órgano creado para monitorear la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero que ha perdido protagonismo. “Dar vida de vuelta al Consejo Fiscal también es importante. Puede aportar a un debate más transparente y técnico”, concluyó.
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