De acuerdo a la gerente general de Aprosemp, la ingeniera agrónoma Dólia Garcete, calculando el total de superficie de siembra, alrededor de 3.544.245 hectáreas, y la cantidad de semillas procesadas, se tiene un promedio de utilización de 60 kilos de semillas por cada hectárea.
“Los datos procesados corresponden a la cantidad de etiquetas de homologación emitidas por el Senave, que son sobre bolsas de 40 kilos, y la superficie sembrada según datos oficiales. El resultado de ese procesamiento muestra que tenemos una tasa de utilización de 21% de semillas certificadas en la última campaña, mientras que el 79% restante es sembrado con semillas no certificadas por la institución”, declaró.
Al decir semillas no certificadas, se habla de semillas que no pasaron por los procesos establecidos por la Ley de Semillas y las reglamentaciones aplicadas por el Senave, añadió Garcete.
Esto representa un impacto en la estructura legal del rubro, considerando que no solo Senave deja de percibir ingresos en concepto de certificación, sino que también deja de hacerlo el Estado en concepto de tributos y las empresas que se encargan de producir y comercializar las variedades certificadas.
Además, uno de los principales factores es la diferencia de precios entre las bolsas certificadas y las no certificadas. Por ejemplo, una bolsa con el aval de Senave puede valer unos US$ 40 y una “bolsa blanca” puede costar US$ 20 o US$ 22. “Acontece que en la compra certificada, los productores conocen la autenticidad de las semillas y tienen el respaldo de la garantía, mientras que, en el otro caso es un factor de suerte, una compra a ciegas”, aseguró.
“Una semilla no certificada puede ser importada de forma ilegal o producida dentro del país de forma casera, amparado bajo la figura del uso propio, tal como lo establece la ley. El artículo 35 de la Ley de Semillas http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2377/ley-n-385-semillas-y-proteccion-de-cultivares menciona que el agricultor puede reservar parte del producto de su cosecha, para su siembra”, recordó.
El perjuicio a los obstentores –los que generan las variedades de semillas– es que dejan de percibir ingresos por la utilización de las semillas, en su costo por bolsas, y el perjuicio a los semilleros –los que trabajan en la multiplicación de las variedades– es que reducen sus ingresos y dejan de invertir en su infraestructura, en controles de calidad y en la contratación de personal, complementó.
“Un ejemplo, una empresa que hace cinco años estaba produciendo 100.000 bolsas de semillas de soja, actualmente produce entre 50.000 a 70.000 bolsas”, afirmó.
Esta situación es similar en los rubros de arroz, maíz, trigo, según la ingeniera, por ello trabajan en conjunto con el Senave para revertir esta situación.
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