Con el nuevo monto, también se actualizan otros valores vinculados al salario mínimo. El jornal mínimo diario se ubicará en torno a G. 117.077, mientras que el aporte mensual del trabajador al IPS, equivalente al 9% del salario, ascenderá a aproximadamente G. 273.960. De esta manera, el ingreso neto de un trabajador que percibe el salario mínimo quedará en torno a G. 2.770.040.
El presidente de la República, Santiago Peña, justificó la decisión señalando que el reajuste calculado con base en la inflación resultaría insuficiente para los trabajadores. Por ello, optó por duplicar el incremento que inicialmente se desprendía de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), argumentando que la medida mantendría un equilibrio entre la mejora de los ingresos y la estabilidad económica.
La definición llega luego de varias reuniones del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), espacio en el que representantes de los trabajadores, empleadores y el Ejecutivo no lograron alcanzar un consenso. Mientras los gremios empresariales defienden un ajuste limitado al IPC, las centrales obreras reclaman aumentos superiores al 20% para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.
En entrevista con Radio 780 AM, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó el aumento del 5% y sostuvo que el porcentaje no responde a la realidad económica de miles de trabajadores. José Pineda, dirigente del gremio, afirmó que existe un importante rezago salarial, especialmente en los sectores de comercio y servicios, y cuestionó que el crecimiento económico registrado en el país no se traduzca en una mejora proporcional de los ingresos laborales.
La CUT también criticó la falta de diálogo previo con el Gobierno y anunció la convocatoria a un congreso unitario de trabajadores, además de una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El gremio adelantó que impulsará modificaciones en el sistema de medición utilizado para determinar el reajuste anual del salario mínimo.
Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el debate alcanza a una porción significativa de la fuerza laboral paraguaya. De las 1.866.909 personas ocupadas en el país, 328.427 perciben exactamente el salario mínimo legal, lo que representa el 17,6% del total de ocupados.
Sin embargo, la situación salarial presenta marcadas diferencias. Según las estadísticas oficiales, 693.742 trabajadores, equivalentes al 37,2% de los ocupados, reciben ingresos inferiores al salario mínimo establecido por ley. En contraste, 844.710 personas, o el 45,2%, perciben remuneraciones superiores al piso salarial vigente.
La distribución también refleja diferencias territoriales. Del total de ocupados, 1.461.016 trabajan en zonas urbanas y 405.893 en áreas rurales. Estos datos evidencian que, aunque el reajuste impactará de manera directa en quienes perciben el salario mínimo, el desafío de mejorar los ingresos laborales seguirá alcanzando a una amplia franja de trabajadores cuyos salarios permanecen por debajo del umbral legal.
El aumento entrará en vigor en julio. Mientras el Ejecutivo destaca que el reajuste supera la inflación registrada en el último año, los sindicatos insisten en que el monto todavía resulta insuficiente para compensar la pérdida acumulada del poder adquisitivo y responder al costo de vida de las familias trabajadoras.
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