La Ley N.º 6822/2021, que regula los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, establece que estos mecanismos tienen la misma validez legal que una firma escrita, siempre que cumplan con ciertos requisitos establecidos. Pero, ¿sabías que existen dos tipos de firma electrónica? La cualificada y la no cualificada
La firma cualificada es aquella que utiliza un certificado digital emitido por un prestador de servicios de confianza cualificado, lo que garantiza su autenticidad, integridad y seguridad. La firma no cualificada, en cambio, no requiere de este certificado, lo que la hace más simple, pero con un nivel de seguridad inferior. Lo que abre las puertas para que cualquier persona, empresa o industria pueda utilizar estas herramientas para agilizar sus procesos y reducir tiempos y costos.
Federico Silva Duarte, de Ehreke Business Attorneys (EBA), explicó que, conforme a la Ley N.º 6822/2021, la firma electrónica cualificada es aquella creada mediante un dispositivo certificado operado por un prestador habilitado por el Ministerio de Industria y Comercio, que permite identificar de forma única al firmante y le otorga un valor legal equivalente al de una firma manuscrita. En cambio, la firma electrónica no cualificada, que puede incluir desde un escaneo de una firma manuscrita hasta firmas digitales generadas por plataformas no habilitadas como Docusign, también es válida y admisible en procedimientos legales, pero no tiene automáticamente el mismo peso legal. Por ello, si la autenticidad de esta firma se cuestiona, debe probarse mediante una pericia informática para ser reconocida.
Por su parte, el profesor Mag. Evelio Vera, docente de la cátedra de Informática Jurídica de Derecho UNA, detalló que la firma electrónica cualificada se diferencia porque es emitida por un prestador habilitado por la autoridad de aplicación, y tiene un alto nivel de seguridad gracias a la verificación de identidad del firmante. Además, recordó que, aunque la firma no cualificada también es válida, requiere pruebas adicionales para certificar su autenticidad. “El derecho y la tecnología evolucionan constantemente, por lo que la regulación de la firma electrónica debe ir perfeccionándose día a día”, añadió.
El uso de la firma electrónica es importante para sectores como la logística, el comercio, la industria, las Mipymes y la ciudadanía en general, donde los trámites presenciales y la burocracia representan un obstáculo.
Klaus Pistilli, viceministro de Tecnologías del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), aclaró que la autoridad de aplicación en materia de firmas electrónicas es el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
El director de Comercio Electrónico del MIC, Lucas Sotomayor, explicó que los dispositivos criptográficos necesarios para firmar documentos electrónicos tienen un costo aproximado de US$ 50 y permiten realizar una cantidad ilimitada de firmas durante el tiempo de vigencia del certificado, que suele ser de dos años.El MIC establece los requisitos para las empresas proveedoras de estos servicios, pero no regula los precios.
Esto significa que, con una inversión única en el dispositivo de firma electrónica, usuarios y empresas pueden realizar múltiples trámites y firmar documentos de forma segura y válida durante dos años, sin preocuparse por costos adicionales por cada firma. Esta modalidad facilita la digitalización de procesos y reduce tiempos y gastos administrativos, especialmente útil para pequeñas y medianas empresas que buscan agilizar sus operaciones con mayor seguridad jurídica.
En el país, crear una cultura de la digitalización es un desafío que implica educar a las personas sobre el uso de estas herramientas, fomentar la confianza y promover su adopción en distintos sectores. La firma electrónica es un pilar importante para construir un país más ágil, conectado y eficiente, donde las barreras físicas no sean un límite para acceder a servicios y concretar acuerdos.
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