“Las ventas de créditos de carbono ya están ocurriendo”, señaló González, al tiempo de subrayar que los beneficios no se limitan al retorno para los inversores. Según explicó, los proyectos en marcha generan impactos positivos en comunidades locales, impulsan el desarrollo social y contribuyen a la mejora de las condiciones ambientales bajo criterios de sostenibilidad. Estas externalidades positivas refuerzan el valor estratégico del mercado de carbono como herramienta de desarrollo.
En términos regulatorios, 2025 fue un año clave. Uno de los principales avances fue el desarrollo del Registro Nacional de Proyectos de Carbono, una herramienta que estará integrada por diferentes segmentos y acompañará todo el ciclo de vida de los proyectos, desde el catastro inicial hasta el registro definitivo, que determinará el estatus del proyecto y el mercado de destino de los créditos.
A esto se suma la implementación de las constancias de no objeción, que ya se encuentran listas para ser referenciadas mediante resoluciones del Mades. Estas constancias se articulan con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC 3.0), recientemente presentadas en el marco de la COP 30 en Brasil, lo que permite un contraste directo entre los proyectos y los compromisos climáticos del país, facilitando la demostración de adicionalidad.
Otro punto relevante es la homologación de metodologías. “Tuvimos avances significativos y ya estamos trabajando con diversas administradoras de estándares que desean posicionarse como opciones viables para proyectos nacionales”, explicó González. Este proceso es clave para asegurar credibilidad, trazabilidad y acceso a distintos mercados internacionales.
Actualmente, más de 20 proyectos de carbono se encuentran en diferentes etapas de desarrollo ante administradoras de estándares, mientras que otros tantos están en fase de diseño. Además, se observa un creciente interés de fondos de inversión, especialmente en esquemas que combinan capital privado y participación pública, lo que abre la puerta a proyectos de mayor escala.
Si bien el marco regulatorio avanza al ritmo del mercado, González reconoció que los desafíos son dinámicos. Entre ellos, destacó la necesidad de mantener actualizado el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, monitorear de forma constante los resultados de mitigación y resguardar la calidad reputacional de los mercados de carbono, un aspecto cada vez más exigido a nivel global.
En este contexto, el reciente grado de inversión otorgado a Paraguay por Standard & Poor’s aparece como un factor determinante. “Es una excelente noticia para el clima de los mercados de carbono”, dijo el funcionario. El nuevo estatus país reduce la percepción de riesgo y habilita la participación de actores financieros de gran escala, como fondos de pensión, interesados en proyectos de largo plazo, especialmente aquellos basados en soluciones naturales.
De cara al cierre del año, el balance es positivo. La firma de acuerdos con Singapur y Taiwán, sumada a una mayor visibilidad internacional, sienta las bases para un 2026 con avances concretos en transferencias de créditos en mercados regulados. “Esperamos los primeros casos de éxito que consoliden este nuevo modelo de negocios, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible del país”, sostuvo González.
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