Desde el sector privado advierten que la vacunación antiaftosa no es solo una herramienta sanitaria, sino un pilar estratégico del negocio ganadero, clave para sostener la confianza de los mercados internacionales y preservar la previsibilidad que hoy distingue a Paraguay como exportador de carne. En ese sentido, remarcan que el actual estatus sanitario fue construido durante décadas mediante un trabajo conjunto entre productores y el Estado, y que alterar ese equilibrio sin garantías podría implicar riesgos innecesarios.
La postura fue respaldada por la Asociación Rural del Paraguay, que canalizó la preocupación de los productores ante versiones sobre una eventual reducción gradual de la vacunación en los próximos años. Para el gremio, no están dadas aún las condiciones estructurales ni regionales para avanzar hacia un cambio de estatus, especialmente en un contexto regional donde persisten focos sanitarios y asimetrías en los controles fronterizos.
Uno de los principales argumentos del sector es que la vacunación plena garantiza estabilidad comercial. Paraguay exporta carne bovina a mercados altamente exigentes, donde la previsibilidad sanitaria pesa tanto como el precio o la calidad del producto. Desde esta óptica, los ganaderos subrayan que no existe, al menos por ahora, una señal clara de que dejar de vacunar implique una mejora automática en el acceso a mercados o en los valores de exportación.
Además, los productores alertan sobre el impacto económico que podría generar un retroceso sanitario. Un brote de fiebre aftosa tendría consecuencias directas sobre las exportaciones, el empleo en la cadena cárnica y el ingreso de divisas, afectando a frigoríficos, transportistas, proveedores de servicios y al propio Estado. Por eso, el mensaje del sector es claro: cuidar la sanidad es cuidar el negocio.
En este escenario, el rol del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal aparece como clave. Desde el organismo sanitario se planteó la necesidad de abrir espacios de análisis técnico y diálogo con los distintos actores, sin imponer plazos ni decisiones unilaterales. La idea de fondo es avanzar en estudios, simulaciones y evaluaciones de riesgo antes de considerar cualquier cambio en el esquema de vacunación.
El debate también llegó al plano político. El propio Poder Ejecutivo buscó bajar la tensión y enfatizó que la prioridad es mantener la estabilidad sanitaria y comercial, destacando que las decisiones en esta materia deben surgir del consenso entre el sector público y privado. En esa línea, se apunta a fortalecer primero los controles, la trazabilidad y la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.
Mientras tanto, el calendario sanitario sigue su curso. El próximo período de vacunación está previsto conforme al esquema tradicional, lo que refuerza la señal de continuidad al menos en el corto plazo. Para los ganaderos, esta previsibilidad es fundamental para planificar inversiones, mejorar productividad y sostener el ritmo de exportaciones en un contexto internacional cada vez más competitivo.
Desde el campo insisten en que seguir vacunando no significa quedarse atrás, sino proteger uno de los principales activos del país. La consigna que se repite entre los productores es simple pero contundente: reglas claras, decisiones consensuadas y sanidad como base del crecimiento. En un negocio donde los márgenes son ajustados y la reputación lo es todo, la vacuna sigue siendo, para el sector, una garantía y no un obstáculo.
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