“Queremos ponerle un IVA reducido del 5%, pero eso hay que hacerlo por ley. El efecto que tiene el fármaco es médico pero también le dan un uso estético. Actualmente vemos que se vende mucho en Ciudad del Este y en el norte del país”, manifestó Orué. El director recordó que actualmente el medicamento paga 0% de impuesto.
La medida está siendo analizada en el marco de una revisión de los beneficios impositivos que actualmente poseen algunos artículos y sectores de la economía local. Otras medidas que Orué había anticipado consisten en la modificación de la Ley de Maquila, que hace poco tiempo fue modernizada. Sin embargo, también existen empresas que desde hace tiempo están bajo dicho régimen y para las cuales ya no se justificaría mantener los beneficios tributarios.
“En la realidad es un fármaco que se utiliza hace más de 15 años por lo menos para ayudar a las personas que tienen diabetes. Con el tiempo se encontró el beneficio que genera para las personas que sufren de obesidad, que es una enfermedad, ya que produce hipertensión y diabetes. No es una cuestión estética”, manifestó la médica y exsenadora Desireé Masi. Entretanto, la doctora agregó que todas las investigaciones realizadas hasta la fecha señalan que la GIP y la GLP-1 dan protección cardiovascular, renal y cerebral.
A su criterio, el respeto por la exoneración del IVA en los fármacos debería continuar. Añadió que hoy en día muchos medicamentos, no solo la tirzepatida, son costosos dentro del mercado, aunque sean fundamentales para muchas personas. “El IPS, por ejemplo, provee, controla, pero provee porque ayuda a bajar de peso y a regular el metabolismo en personas con hipertensión”, comentó como anécdota, para confirmar que la interpretación de que tiene “uso estético” puede ser errónea.
Asimismo, consideró que existen otras herramientas tributarias que ayudarían a recaudar más y a disminuir impactos negativos en la salud pública, como, por ejemplo, el incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del tabaco. En el mundo, desde hace décadas, ya se desarrollan políticas basadas en los riesgos que el consumo de cigarrillos representa para los pulmones y por su vinculación con el cáncer, así como en la elevada carga fiscal que implican los tratamientos ofrecidos por los establecimientos públicos de salud.
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