Según el economista y abogado, Carlos Barrios, la emisión de bonos es una alternativa eficiente para obtener fondos de inversión, considerando que permite recibir grandes sumas de dinero para destinar a la construcción de obras, y solamente se debe abonar una cuota de interés ínfima, durante el plazo establecido de antemano, que generalmente es de 20 o 30 años en promedio.
Además, “si estamos interesados en dejar de emitir bonos, para frenar el endeudamiento, lo que estamos es frenando la economía”, aseguró. Aunque es completamente necesario establecer un sistema de control para las inversiones, de manera a garantizar que sean invertidos en las áreas y programas señalados por el Estado, argumentó.
“Así como existe una ley de responsabilidad fiscal que se estipula un parámetro para aplicar impuestos, también debemos tener una ley de responsabilidad de inversión. Porque se reciben grandes sumas de dinero, provenientes de las emisiones de bonos, y en ocasiones no son aplicados de la forma correcta”, afirmó.
Barrios manifestó que un elemento a considerar en estos proyectos de inversión, debe ser la adjudicación de empresas nacionales para la ejecución de las obras, garantizando que el capital se traduzca en generación de nuevos empleos y que las ganancias permanezcan en Paraguay.
“Considero que es un error los bonos emitidos en 2020 sean destinados al pago de deuda. Porque, si sacamos un bono, este debe destinarse a inversiones, a mi criterio”, consideró.
Por otro lado, el abogado y activista político, Eduardo Nakayama, comentó que está trabajando en un proyecto de ley para determinar un tope de endeudamiento límite (de 30% del PIB), y con esto, pretenden detener la emisión de bonos en los mercados internacionales.
"Si continuamos dando la venia para que se emitan bonos, sin contar con una estructura de control eficaz, es como que estamos emitiendo deuda sin sentido. Esto permite que tengamos un fondo disponible, pero no que tengamos certeza que será invertido en lo que se estipuló", dijo Nakayama.
Asimismo, Nakayama agregó que actualmente el endeudamiento público está por el orden del 23% del PIB (más de US$ 8.000 millones), pero que esto no necesariamente se refleja en la cantidad y calidad de infraestructura.
Otro pilar de su iniciativa, es que presentará mecanismos de control para las inversiones públicas. Es decir, contemplará una estructura que se cerciorará que todos los fondos se destinen a las obras y trabajos correctos y a que se eviten casos de sobrefacturación o desvíos de capital.
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