“Según un cálculo que hicimos con el Ministerio de Industria y Comercio, el país podría estar recaudando en un primer año alrededor de US$ 5.000 millones”, aseguró Demp en conversación con InfoNegocios. “Y se cree que para el segundo año Paraguay podría superar lo que hoy representan los ingresos de Itaipú y Yacyretá juntos”.
El proyecto de ley en cuestión busca regular de forma estricta el cultivo, industrialización y comercialización de cannabis con alto contenido de THC, exclusivamente para uso adulto recreativo, sin afectar el régimen ya vigente de cáñamo industrial (que solo permite variedades con hasta 0,5% de THC) ni el cannabis medicinal.
Actualmente, el proyecto ya cuenta con dictámenes legales y fue trabajado en conjunto con diferentes organismos del Estado, incluyendo el Ministerio del Interior, con cuyo titular, Enrique Riera, la Cámara mantuvo una reunión la semana pasada. También participan el Ministerio de Agricultura, SENAT, Dinavisa y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Es un trabajo interinstitucional.
Demp enfatizó en que el objetivo no es liberar el mercado sin control, sino todo lo contrario; más bien, se trata de implementar un esquema regulado y fiscalizado en cada etapa, desde la semilla hasta el consumidor final.
“La gente cree que con esta ley se va a liberar todo y que cualquiera va a poder vender y cultivar en cualquier lado. No. Solo lo que esté estrictamente autorizado, fiscalizado y designado con toda la trazabilidad”, explicó.
El modelo que propone la CCIP prevé habilitar unas 10.000 hectáreas de cultivo al año (divididas entre verano e invierno) y generar ingresos directos para los productores autorizados, que recibirían alrededor de G. 200 millones por hectárea cosechada. Además, las variedades de cannabis con alto THC ya están desarrolladas y registradas en Paraguay.
“Paraguay ya tiene variedades con alto tenor de THC, arriba del 20%, con registro de cultivares, variedades listas y multiplicadas las semillas”, afirmó Demp, señalando que hoy esas semillas no se distribuyen hasta que exista el marco legal.
Según el planteamiento, el cannabis recreativo pagaría un impuesto del 18% y el cáñamo industrial seguiría con un 5%. “Los productores van a dejar de cultivar un ilegal en el monte. Ya no se va a desmontar. Y van a empezar a cultivar al lado de su casa, donde tiene su chacra, donde va a recibir fiscalizaciones y donde va a ingresarle mucho más dinero de lo que hoy le ingresaría”, añadió.
Un cambio trascendental que viene con esta nueva legislación es el traspaso de competencia, ya que, mientras el cáñamo industrial depende del Ministerio de Agricultura, el cannabis recreativo quedaría bajo el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), cuyo titular es actualmente Javier Giménez.
“El proyecto ya está en manos del presidente (de la República) y de los ministros. Se está tocando el tema en reuniones semanales de grupos económicos. Es una de las leyes con impacto económico que se va a estar impulsando”, concluyó Demp.
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