Por Rana Foroohar
Imagine que usted es el fundador de una pequeña empresa biotecnológica. Ha invertido millones de dólares y años de su vida desarrollando una nueva prueba diagnóstica para una enfermedad de la sangre. Usted está a punto de revolucionar su campo.
Pero si usted es un investigador en EEUU, probablemente no obtendrá una patente para su revolucionario descubrimiento, debido a que recientes cambios en el sistema significan que su invención ya no está protegida. O tal vez pueda conseguir una patente, pero podría ser disputada en un sistema de adjudicación fuera de las cortes, permitiendo que otras firmas invaliden su propiedad intelectual rápidamente.
Incapaces de monetizar su inversión, sus inversionistas perderían interés, y empezarían a canalizar su dinero hacia otras invenciones en lugares como Alemania o China, donde estos tipos de estudios están mejor protegidos. Los proveedores y el talento también empezarían a trasladarse hacia allá.
Esto no es un cuento de hadas, sino una amalgama de muchos relatos que he escuchado en las últimas semanas. Vienen de boca de inversionistas, empresarios, académicos, cabilderos y abogados estadounidenses que piensan que el sistema estadounidense de patentes ha tomado una dirección totalmente equivocada.
En los últimos 15 años se ha transformado de ser, según ellos, un sistema demasiado estricto con respecto a otorgar patentes a uno donde las mejores mentes del país ya no pueden monetizar sus investigaciones. Ésta es una situación que podría tener consecuencias dramáticas para la competitividad estadounidense en un mundo donde la mayor parte del valor económico reside en la propiedad intelectual.
¿Cómo se llegó a este punto? A principios de los años 2000, cuando estalló la burbuja puntocom, muchas empresas se quedaron sin nada de valor excepto sus patentes, que fueron entonces compradas por empresas financieras o mayores entidades tecnológicas que trataron de exprimirles alguna ganancia. A la misma vez, el ecosistema de proveedores de software que abastecía los florecientes mercados del Internet comercial y de los teléfonos celulares comenzó a ensancharse.
La mayoría de esas empresas tenían tecnologías e ideas legítimas que proteger. Pero otras — apodadas “troles de patentes” — estaban jugando con el arbitraje legal, registrando todas las patentes posibles para que las empresas mayores llegaran a un acuerdo financiero con ellas por el uso de la tecnología.
Cuando el presidente Barack Obama asumió el cargo en el 2009, la narrativa del trol de patentes había llegado a un frenesí. Era una historia apoyada por los negocios más grandes de la tecnología, como HP, Cisco, Apple y más recientemente Google y Facebook. El iPhone, por ejemplo, incorpora tecnologías que abarcan miles de patentes. Google y Facebook dependen del insumo barato o gratis — desde software a datos — para seguir acuñando dinero. Así que no es de extrañar que insistieran en una significante revisión del sistema estadounidense de patentes, la primera en 30 años, que llegó a su punto culminante en 2011 con la aprobación de la Ley de invenciones de EEUU.
Esta legislación de la era de Obama creó un nuevo cuerpo de adjudicación fuera de las cortes, el Tribunal de Juicio de Patentes y Jurado de Patentes (PTAB, por sus siglas en inglés). El entonces director de la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU (USPTO, por sus siglas en inglés), David Kappos, había ayudado a moldear las reglas de tal modo que el director de la oficina de patentes tuviera enorme libertad en las decisiones. La idea era ahorrar tiempo y dinero con un proceso fuera de las cortes, y en realidad, las demandas de patentes pasaron de tomarse tres años y US$2 millones para llegar a un acuerdo a realizarse por US$200,000 en 18 meses.
Pero los principales grupos tecnológicos no quedaron satisfechos. Habiendo derribado el problema de los troles, comenzaron a darse cuenta que también podían luchar contra las patentes de los proveedores, que reducirían sus propios gastos de insumo.
Luchar contra las patentes ha sido formidable para las empresas más grandes de tecnología que, por supuesto, tienen su propia propiedad intelectual que proteger, pero que cada vez más monetizan datos y propiedad intelectual creados por otros. Pero la cadena estadounidense de suministro de software y las ciencias biológicas han sido víctimas de daños colaterales. Mientras que la complejidad del comercio global dificulta demostrar una clara causalidad entre la débil protección de patentes y la pérdida de innovación y empleos en EEUU, las líneas de tendencia no se ven bien. Según un estudio, los cambios en la regulación de patentes le han costado US$1 billón a la economía estadounidense. El dinero de capital de riesgo dirigido a la biotecnología ha disminuido radicalmente entre 2015 y 2016.
Las anécdotas de muchos inversionistas indican que están considerando retirar su dinero de EEUU y trasladarlo hacia Europa y Asia. Eso es preocupante, ya que éstos son precisamente los tipos de trabajos altamente calificados que EEUU está tratando de retener.
Aun así, el péndulo quizás esté a punto de cambiar de nuevo. La administración Trump ha nombrado a Andrei Iancu — un abogado basado en Los Ángeles que ha trabajado con clientes en las grandes empresas farmacéuticas y tecnológicas — como director de la USPTO. La Corte Suprema de EEUU pronto verá un caso que cuestiona la legalidad de todo el sistema de adjudicación de patentes fuera de las cortes.
Será una oportunidad para que los legisladores piensen sobre exactamente qué tipo de ecosistema digital quieren crear.
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